Durante la audiencia realizada en Tribunales, los abogados querellantes solicitaron endurecer las condiciones de detención. El planteo se apoyó en presuntos incumplimientos de las restricciones impuestas a los acusados: una supuesta salida no autorizada de González y un episodio en el que Robles Bonadé no habría respondido a un control policial.
Sin embargo, Heredia consideró que no había elementos documentales suficientes para acreditar esas situaciones y descartó el traslado al penal. De todos modos, dispuso que ambos continúen privados de la libertad en sus domicilios durante otros cinco meses.
La decisión mantiene la modalidad de detención que cumplen los empresarios mientras avanza una investigación de gran magnitud, con más de 200 damnificados y un perjuicio económico estimado en más de $1.000 millones.
La investigación se centra en presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con la comercialización de lotes. Según las imputaciones fiscales, a González se le atribuyen 159 hechos de presunta estafa y desbaratamiento de derechos, en concurso real y en calidad de autor.
Robles Bonadé, por su parte, está imputada por presunta estafa, estelionato y desbaratamiento de derechos, también en concurso real y como autora. De acuerdo con la información expuesta en el expediente, enfrenta imputaciones vinculadas a 141 hechos.
La causa reúne numerosas denuncias de personas que aseguran haber sido perjudicadas en operaciones inmobiliarias. El monto estimado del daño supera los $1.000 millones, lo que convierte al expediente en uno de los casos de presunta estafa inmobiliaria de mayor dimensión en la provincia.
Con la resolución de Heredia, ambos acusados deberán permanecer bajo prisión domiciliaria durante los próximos cinco meses. Mientras tanto, la investigación continuará su curso judicial.