“La semana pasada, gracias a que fueron los medios e hicieron visibles las atrocidades que pasaban ahí, intervinieron las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, sacaron a los residentes y los derivaron a los hospitales”, detalló Trimarco. “Esto fue puesto en conocimiento de los familiares la semana anterior. A través de un mail les indicaron que por favor vayan a retirar a los residentes, dado que ellos no podían darle ningún tipo de asistencia. O sea, los dejaron librados a su suerte, al cuidado de un chico que hacía las veces de electricista. No tenían personal médico, no estaban las autoridades, no cumplieron con los protocolos y no agotaron los medios que tenían a su alcance para cuidad la vida de sus residentes”, denunció a su vez el abogado.
“En principio la figura era abandono de persona, pero al haber ya tres fallecidos es abandono de persona seguido de muerte. Es un delito que implica una pena de hasta 15 años de prisión. Por eso solicitamos la detención de las autoridades del geriátrico como de la directora médica, la doctora Raffo. Esto es la consecuencia del abandono que dejaron”, había asegurado el letrado, cuando las víctimas eran tres residentes del geriátrico, con respecto a la denuncia que llevó a cabo. Sin embargo, aclaró que “lamentablemente, hasta el día de la fecha esto no se ha resulto por parte de la Fiscalía”.
Finalmente, Trimarco actualizó la situación de los residentes y los empleados del geriátrico y confirmó que hay “23 personas internadas con COVID-19 positivo”.
El martes 21 de abril, cuando salió el caso a la luz, Luis Megyes, apoderado de la institución, había brindado la versión de Apart Incas: “Desde el día uno consideramos derivar a los pacientes, pero desde el Gobierno de la Ciudad nos dijeron que no era lo apropiado”. Megyes se excusó con que todo quedó en manos del Ejecutivo porteño “porque nuestro personal estaba afectado”. “El temor no eran solo mayores contagios sino no poder seguir atendiendo. No conseguimos enfermeros que quieran venir a trabajar con personas infectadas”, justificó.
“Se dieron un montón de circunstancias, el Gobierno de la Ciudad nos apoyó, y la estructura que tenemos fue superada por un virus, es una circunstancia de fuerza mayor”, sintetizó el apoderado.
Finalmente, las autoridades porteñas resolvieron la clausura del geriátrico tras constatar que, hasta ese momento “16 adultos mayores y tres empleados de la institución dieron positivos de COVID-19”. A través de un comunicado se argumentó: “En virtud de que los dueños del lugar no informaran ni colaboraran con la crítica situación de los internados, la Ciudad procedió a evacuar el geriátrico y se hicieron presentes en el lugar los organismos de contralor a efectos de realizar los procedimientos inspectivos correspondientes y proceder a la clausura inmediata y preventiva”. “La Ciudad también evaluará el curso de acciones penales”, se agregó.
El de Belgrano fue la primera de las cuatro residencias para adultos mayores en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que quedó en la mira por el mismo tema.
