Los argumentos del fiscal Agüero Iturbe
En esta causa se buscaba determinar si los encuentros que mantuvo el expresidente con los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos pudieron servir como escenario de presiones indebidas o para el direccionamiento de causas judiciales en contra de los adversarios políticos del líder del PRO.
“Se encuentra acreditado que el hecho investigado no se cometió; no en punto a la existencia de algunas de las reuniones acreditadas, sino en cuanto a que mediante ellas se influyó en el actuar de la justicia para dictar pronunciamientos con la intención de perjudicar y/o agravar la situación procesal de algún encartado/a”, sostuvo el fiscal Agüero Iturbe en el dictamen al que accedió la agencia de noticias Télam.
“En este punto es necesario indicar que la reunión de un magistrado con quien ejerce el poder ejecutivo (de carácter unipersonal) en un período determinado no representa de por sí acción u omisión alguna reprimida por el catálogo penal de la nación. En tal sentido es posible afirmar que cualquier reunión entre un integrante de la administración púbica nacional o del Congreso de la Nación con un magistrado no se encuentra per sé prohibido bajo sanción penal”, abundó.
“Los motivos de tales encuentros pueden resultar de distinta índole (sobre temas de coordinación, laborales, personales, etc.) sin que ello importe encuadre punitivo alguno. Ahora bien, la eticidad de algunos encuentros entre miembros del poder judicial con el Presidente de la Nación no puede ser zanjada en esta jurisdicción y queda reservada a los resortes propios que la organización judicial previstos para analizar la conducta de sus magistrados, así como también los posee el Ministerio Público Fiscal”, sostuvo.
La denuncia por las visitas de los jueces a Mauricio Macri fue presentada por los diputados nacionales Martín Soria (actual ministro de Justicia), Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.
En cuanto a Borinsky, se denunciaron 18 reuniones con Mauricio Macri; de ellas 16 en la quinta de Olivos y dos en Casa Rosada en las que denunciaron "proximidad temporal a la resolución de fallos judiciales en los que los magistrados intervenían, lo que les permitía inferir que había existido una influencia indebida por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo con relación a casos de trascendencia política".
