En el banquillo de los acusados se encuentran el contralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa. Los cuatro están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el hundimiento del submarino no fue un hecho fortuito, sino una tragedia que pudo haberse evitado. La acusación señaló que, tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017, no se adoptaron medidas de seguridad fundamentales, como ordenar la navegación en superficie ni convocar de inmediato a especialistas.
Además, durante el debate se expusieron informes de organismos de control y de la propia Armada que advertían sobre el deterioro del submarino, problemas en sus baterías y la falta de mantenimiento adecuado, elementos que, según la acusación, fueron desatendidos.
Las abogadas querellantes, Valeria Carreras y Lorena Arias, sostuvieron que las pruebas reunidas durante la investigación y el juicio son contundentes y acreditan graves incumplimientos que desembocaron en la tragedia. "Esperamos justicia", expresó Carreras al llegar a la instancia final del proceso, en representación de 34 familias de las víctimas.
El recuerdo de los tres sanjuaninos
En San Juan, la expectativa por el fallo tiene un significado especial. En el ARA San Juan viajaban Ricardo Gabriel Alfaro, Cayetano Vargas y Renzo David Martín Silva, tres comprovincianos que integraban la tripulación y perdieron la vida en una de las mayores tragedias de la historia naval argentina.
El submarino había zarpado de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 para realizar una misión de patrullaje. El 15 de noviembre perdió contacto tras reportar una avería y, un año después, fue localizado a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Las investigaciones determinaron que sufrió una implosión.
A casi nueve años del hundimiento, los familiares de las 44 víctimas esperan que la Justicia determine las responsabilidades penales y cierre una etapa marcada por el dolor, la búsqueda de respuestas y el reclamo permanente de verdad y justicia.
