Según los fundamentos oficiales, la reserva responde a las características del equipamiento y a la necesidad de evitar que información estratégica pueda comprometer los medios de defensa del país.
Qué establece el decreto de Milei sobre las compras militares
El texto publicado en el Boletín Oficial señala que el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición de material y equipamiento cuya naturaleza, características y finalidad requieren un tratamiento reservado. En ese sentido, el Ejecutivo argumentó que la divulgación de los detalles de las operaciones podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Argentina.
La decisión se apoya en el Decreto 9390/1963, que contempla la clasificación de secreto militar para determinados asuntos vinculados con la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Entre ellos se encuentran las adquisiciones, fabricaciones, construcciones y las negociaciones relacionadas con equipamiento militar.
Qué información sobre las compras de armamento quedará bajo reserva
Uno de los puntos centrales de la medida es que los organismos contratantes podrán avanzar con los procedimientos de adquisición sin cumplir con las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
El artículo primero establece la declaración de secreto militar para las operaciones necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD.
Por su parte, el artículo segundo autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a instrumentar los actos necesarios para aplicar la decisión.
Los argumentos del Gobierno para justificar el secreto militar
En los considerandos, el Ejecutivo recordó que la Ley de Defensa Nacional 23.554 establece que las Fuerzas Armadas deben garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la Argentina frente a agresiones de origen externo.
También citó la Ley 24.948, que asigna al Ministerio de Defensa la responsabilidad de evaluar y decidir los requerimientos de equipamiento necesarios para alcanzar los objetivos de la defensa nacional.
Sobre esa base, el Gobierno sostuvo que la información sobre determinadas adquisiciones debe quedar limitada a personas autorizadas, debido a las posibles consecuencias de su divulgación.
El contexto de tensión por las Islas Malvinas
La decisión se conoció en un escenario de nuevos reclamos diplomáticos de la Argentina al Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
La semana pasada el Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Alemania, una solicitud de medidas provisionales para intentar frenar la explotación de hidrocarburos vinculada con el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación buscó preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y cuestionó las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido.
El reclamo se enmarca en un procedimiento arbitral iniciado por la Argentina el 28 de septiembre de 2026, bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.