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CFK y condenados, tienen 10 días para depositar $684 mil millones

El Tribunal Oral Federal N.º 2 fijó un plazo de diez días hábiles para que los nueve condenados reintegren el dinero al Estado argentino. De no cumplir, se ejecutarán bienes embargados.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) dictó una resolución que vuelve a colocar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena judicial. Este martes, el tribunal intimó a los nueve condenados por la causa Vialidad a reintegrar al Estado argentino la suma de $684.990.350.139,86, cifra calculada por peritos de la Corte Suprema de Justicia. Los implicados tienen un plazo perentorio de diez días hábiles, hasta el próximo 13 de agosto, para cumplir con el pago.

La resolución, firmada por el juez Jorge Gorini, rechazó además la propuesta de la defensa de Cristina Kirchner, que pretendía reducir el resarcimiento a alrededor de $42 mil millones, es decir, apenas el 6% del monto oficial. El tribunal ratificó el cálculo pericial original, que sostiene que el perjuicio patrimonial contra el Estado es considerablemente mayor.

Para garantizar el cobro, la Justicia ordenó abrir una cuenta especial en el Banco Nación donde deberán depositarse los fondos, y pidió la ampliación de los embargos preventivos sobre bienes de los condenados. Si el pago no se efectúa dentro del plazo estipulado, se avanzará con la ejecución de bienes.

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El fallo establece que la obligación de pago es solidaria: el grupo de condenados debe acordar cómo cubrir el total del monto exigido. Entre los principales implicados figuran la propia Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, señalado como beneficiario de la supuesta cartelización de la obra pública en Santa Cruz.

En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron medidas para asegurar el decomiso de bienes y evitar maniobras para ocultarlos. Pusieron especial foco en Claudia Insaurralde, pareja de Báez, a quien acusan de actuar como testaferro o prestanombre. Los fiscales pidieron rastrear la evolución de su patrimonio desde 2016 y alertaron sobre recientes intentos de transferencias detectados tras una visita suya a Báez en prisión.

Aunque la condena penal aún no está firme porque fue apelada ante la Corte Suprema, el proceso civil y de reparación económica sigue su curso. De no cumplirse con el pago en el plazo fijado, la Justicia avanzará con la ejecución de bienes, lo que podría derivar en graves consecuencias patrimoniales para los implicados.

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