Acto seguido a esa resolución, el titular del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, convocó a un cuarto intermedio, después del cual los fiscales acusadores y la defensa presentan los alegatos finales. La sesión continuará con la deliberación y posterior votación de la sentencia definitiva.
La jornada de este viernes había comenzado con una solicitud de un plazo de 72 horas del Presidente para ejercer su derecho a defensa. El Senado rechazó ese pedido y le dio 30 minutos para presentarse en el Palacio Legislativo. Finalmente, Peña no concurrió, pero sí comparecieron sus abogados.
Minutos después de que el pleno se reanudara sin él, Ferreiro y Preda se presentaron en el recinto para ejercer la defensa técnica y sostuvieron que el proceso "no tiene ninguna viabilidad jurídica ni política" y que puede ser declarado nulo en instancias internacionales. El primero de los abogados dejó "establecidas todas las reservas legales disponibles" en favor de su cliente, "desde la Corte Suprema de Justicia del Paraguay hasta los tribunales internacionales de Derechos Humanos", y advirtió que avanzar en estas condiciones expone al país a "una costosa sanción".
El eje del planteo fue la renuncia que Peña presentó el jueves y que el Congreso nunca trató. "El requisito para el juicio político es ser funcionario. Cesa cuando el funcionario renuncia", afirmó Ferreiro, que citó el antecedente del exministro de la Corte Suprema Felipe Paredes y comparó: "Es como demandar a un señor que ya te pagó". "Cuando él manifiesta que quiere renunciar, la institución congresal tiene que aceptarle su renuncia", insistió, y atribuyó la negativa a "una concepción ideológica" de quienes buscan sacarlo por esa vía y no por la dimisión.
Preda, por su parte, se centró en las garantías procesales: habló de "violaciones muy básicas del debido proceso en cuanto a los plazos" y recordó los criterios de la Corte Interamericana. "Si la Corte Interamericana dijo que dos días hábiles no eran suficientes, ¿imaginen qué diría ahora?", planteó.
Para la defensa, el libelo tampoco identifica "las normas que el mandatario habría infringido" y le atribuye hechos de entes autárquicos como el Banco Central del Paraguay y el Instituto de Previsión Social, sobre los que el Ejecutivo no tiene injerencia: "El presidente propone, no designa. El que designa es el Senado".
"Una acusación que pretende remover a un jefe de Estado necesita pruebas y este libelo no trae ninguna", resumió Preda, que describió la acusación como "un estrepitoso fracaso": "En lo jurídico confunde conceptos elementales y desconoce cómo funciona el Estado paraguayo.
En lo fáctico no tiene nada: hubo viento y palabras vacías". Y añadió que se le da "valor de plena fe a una publicación periodística": "Con indicios no se remueve a nadie, se investiga". La defensa cerró con una definición sobre la votación: "Con este libelo, no".
El detonante de este terremoto político es el colapso de Ueno Bank, la entidad que concentraba la mayor cantidad de clientes del país. La intervención dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP), tras detectar un desplome de su índice de solvencia por debajo del mínimo reglamentario, dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus cuentas y paralizó de manera abrupta tarjetas, transferencias y canales de cobro, con una severa ola de pánico financiero.
Las acusaciones apuntan al presunto mal desempeño de sus funciones y a un grave conflicto de intereses originado en su antiguo rol como accionista de empresas vinculadas al grupo financiero antes de asumir la primera magistratura.
La Cámara de Diputados aprobó el libelo por unanimidad señalando maniobras de desvío de cuantiosos fondos públicos —incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la represa de Itaipú— hacia la entidad, sumado a modificaciones en las reglas de supervisión que habrían favorecido su expansión desregulada.
La crisis ya alcanzó también al gabinete. Este viernes se conocieron las renuncias aceptadas por decreto del jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez, y del asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno.
A ellas se suma la del ministro del Interior, Enrique Riera, con fecha del jueves: en su lugar fue designado Carlos Humberto Benítez González, hasta ahora viceministro de Seguridad Interna y excomandante de la Policía Nacional. Riera, que había sido el encargado de llevar la carta de renuncia al Congreso, volvería a su banca en el Senado.
En paralelo, la pesquisa por el vaciamiento avanzó sobre el patrimonio de los dueños del banco. Una comitiva fiscal y policial encabezada por el fiscal Silvio Corbeta retiró con grúas de la residencia de Federico Miguel Vázquez —fundador y principal accionista de Ueno Bank— nueve vehículos de alta gama valuados en USD 1,4 millones, además de un yate y una avioneta.
Los bienes quedaron a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. El empresario está imputado junto a otros siete directivos y 19 personas vinculadas a empresas investigadas.
La calle es el otro frente. Miles de personas volvieron a manifestarse en el centro de Asunción y una vigilia permanente rodea el Congreso, con consignas como "el mayor saqueo de la historia de Paraguay" y "que se vayan todos"; los ahorristas insisten en que el dinero todavía no fue devuelto. En la madrugada hubo incidentes: un grupo arrojó piedras contra una sucursal de Ueno Bank y después se enfrentó con la Policía Nacional.