La observación se basa en el artículo 301 bis del Código Penal, que contempla sanciones para quienes organicen, administren o exploten sistemas de juego de azar sin la habilitación correspondiente.
Qué cuestionan los organismos de control
Desde ALEA sostienen que la herramienta permite que los participantes establezcan montos de dinero asociados a los resultados deportivos, generando un mecanismo que, a criterio de los reguladores, podría exceder el marco de una simple promoción recreativa.
La entidad también señaló que, aunque la empresa no administre directamente los fondos ni cobre una comisión específica por las operaciones, el movimiento de dinero dentro de su ecosistema financiero podría representar un beneficio económico indirecto.
En ese contexto, los organismos solicitaron a la compañía adecuar el funcionamiento del concurso a las normativas vigentes en cada provincia.
Cómo funciona el juego
Los denominados “torneos de amigos” permiten crear competencias privadas de hasta 50 participantes para pronosticar resultados de los partidos del Mundial. Existen dos modalidades: una gratuita y otra denominada “Porotos”, en la que los participantes pueden acordar montos de hasta $70.000 por persona.
Según la empresa, el dinero no es administrado por Mercado Pago ni se debita automáticamente de las cuentas. El eventual pago al ganador queda sujeto a la decisión voluntaria de cada integrante una vez finalizado el certamen.
La postura de Mercado Pago
Desde la compañía remarcaron que el concurso se basa en la acumulación de puntos por aciertos deportivos y respuestas a trivias de conocimiento general, sosteniendo que se trata de una competencia recreativa en la que no existe administración ni redistribución de fondos por parte de la plataforma.
Además, indicaron que la iniciativa tuvo una participación superior a la esperada desde su lanzamiento y aclararon que los menores de edad no forman parte del certamen.Aunque la empresa ya habría introducido modificaciones en algunas condiciones del juego, los organismos reguladores consideran que el debate jurídico continúa abierto.
Por ese motivo, en el sector no descartan nuevas actuaciones administrativas o judiciales para determinar si el funcionamiento del concurso encuadra dentro de las normativas que regulan las apuestas y los juegos de azar en Argentina.
