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La Corte rechazó la apelación del Gobierno y dejó firme el aumento de fondos
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La Corte rechazó la apelación del Gobierno y dejó firme el aumento de fondos

El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga a aplicar artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a salarios y programas académicos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le propinó este jueves un nuevo revés judicial al Gobierno nacional al dejar firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar dos artículos centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, vinculados a la actualización salarial del personal docente y no docente, además del financiamiento de programas académicos.

La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano. De esta manera, el máximo tribunal mantuvo vigente la cautelar que había sido obtenida por las universidades públicas.

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El conflicto comenzó luego de la publicación del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno buscó suspender partidas destinadas a la recomposición salarial, becas y programas de investigación contemplados en la ley. Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, promovió una acción judicial que derivó en la medida cautelar ahora ratificada por la Corte.

En su resolución, los jueces no analizaron el fondo de la discusión constitucional. El rechazo al planteo del Gobierno respondió a una cuestión procesal: consideraron que el recurso extraordinario no cumplía con los requisitos de admisibilidad, ya que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.

Esto significa que la controversia sobre la validez del decreto presidencial continuará tramitándose en las instancias judiciales correspondientes. Sin embargo, mientras ese proceso siga en curso, la medida cautelar continúa vigente y el Gobierno deberá cumplirla.

En la práctica, el fallo obliga al Poder Ejecutivo a destrabar las partidas previstas por la Ley de Financiamiento Universitario, garantizando la actualización de salarios y el financiamiento de programas académicos mientras se resuelve la causa principal.

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