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El juez Cormick concedió la apelación oficial contra la Ley de Financiamiento Universitario, pero mantuvo vigente la cautelar que obliga al Ejecutivo a pagar salarios, partidas y becas. Ahora decide la Cámara.
El Gobierno nacional logró un paso procesal en su pelea judicial contra la Ley de Financiamiento Universitario, pero no el alivio que buscaba.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, concedió la apelación presentada por las autoridades contra el fallo que avaló la normativa, y el expediente pasará ahora a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para su revisión.
Sin embargo, hay un punto que el Ejecutivo no logró revertir: la cautelar sigue vigente. Cormick dispuso que continuará el trámite de cumplimiento de esa medida, que obliga al Gobierno a otorgar partidas a las universidades para su funcionamiento, recomponer el salario de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
En otras palabras, apelar no suspende la obligación de pagar.
El Ministerio de Capital Humano había cuestionado el fallo original argumentando que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el equilibrio fiscal. Según el escrito presentado, cumplir con la ley proyecta “efectos presupuestarios de gran magnitud” porque no existe una fuente de financiamiento específica para solventarla.
El Gobierno calculó que la aplicación de la norma implicaría reasignaciones que alcanzarían al 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional, un número que el oficialismo presenta como inviable dentro del esquema de equilibrio fiscal que sostiene como eje de su gestión.
Con la apelación concedida, la definición queda en manos de la Cámara, que deberá resolver si confirma o revoca el fallo de primera instancia. Mientras tanto, la cautelar corre y el Ejecutivo debe seguir avanzando en el cumplimiento de la ley, aunque el conflicto con las universidades dista de estar resuelto.
La discusión llega en un momento de máxima tensión: la oposición busca sesionar el 15 de octubre para avanzar legislativamente en el tema universitario, ese mismo día está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria y los rectores reclaman una diferencia de casi $4 billones entre lo que necesitan y lo que el Gobierno contempla en el Presupuesto 2027.