Peña quedó bajo cuestionamiento por sus vínculos comerciales previos con el grupo empresario relacionado con la entidad. La oposición lo acusó de presuntos conflictos de intereses, interferencia en los controles regulatorios y utilización de fondos previsionales. El presidente negó las acusaciones.
La Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político por mal desempeño de funciones y trasladó la acusación al Senado, que debía actuar como tribunal. Durante la jornada, el mandatario solicitó más tiempo para preparar su defensa, pero el pedido fue rechazado.
En paralelo, la Fiscalía paraguaya incorporó a Peña a investigaciones penales relacionadas con el escándalo bancario. Sin embargo, hasta la información disponible, no se confirmó una orden de detención contra el presidente.
El vicepresidente Pedro Alliana aparece como eventual sucesor si se formaliza la salida de Peña. No obstante, su asunción tampoco estaba confirmada al momento de los reportes disponibles.
La crisis de Ueno Bank también derivó en investigaciones sobre directivos de la entidad y exfuncionarios, mientras miles de clientes aguardaban recuperar el acceso a sus depósitos.