La situación del cantante
En Primicias Ya, Rolando Barbano detalló el delicado panorama procesal del músico y desarmó la estrategia defensiva de su entorno, que intenta justificar el accionar aduciendo que la propiedad estaba usurpada.
El periodista enfatizó que, para la Justicia, la situación dominial de la casa resulta irrelevante frente al delito denunciado, ya que Valenzuela debe responder directamente por haber llevado a un grupo armado a intimidar a los residentes e irrumpir en un domicilio ajeno.
El panorama ubica hoy a L-Gante entre dos frentes judiciales decisivos. Por un lado, la fiscal Florencia Toscano encabeza la investigación de estas denuncias recientes; por el otro, el juez Ignacio Racca observa atentamente el expediente. Racca es el mismo magistrado que en 2024 le otorgó a Valenzuela una condena de tres años de prisión en suspenso bajo la condición estricta de mantener una conducta intachable.
La mayor amenaza para la libertad del cantante no es solo una eventual condena futura, sino la revocación de su beneficio actual. Si el tribunal determina que Valenzuela violó las reglas de conducta impuestas en su sentencia previa, perderá la libertad condicional y deberá ir a la cárcel a cumplir de forma efectiva los tres años de prisión en suspenso que tiene pendientes.
En el marco de las medidas dictadas por la DDI de Moreno-General Rodríguez, la Policía ejecutó tres allanamientos donde incautó la camioneta BMW X5 involucrada y tres teléfonos celulares que quedaron sujetos a peritajes técnicos.
Aunque en los procedimientos no se hallaron armas de fuego, lo que aplaca por el momento un pedido de detención inmediata, el futuro procesal de L-Gante quedó supeditado a las pruebas digitales que surjan de los teléfonos y a la decisión que tome el juez sobre su condena previa.