La frase recorrió el país en cuestión de horas. Nebot, docente y técnico agropecuario, primer intendente vecinalista en gobernar Saavedra desde el retorno de la democracia, había consumido cocaína durante aproximadamente dos años. Parte de ese período transcurrió mientras ejercía su cargo, al que llegó con el 37,58% de los votos en octubre de 2023.
Una adicción que tuvo contexto y consecuencias
Nebot no buscó victimizarse ni tampoco escudarse en las circunstancias, pero sí fue honesto al señalar que su consumo se agravó en un momento de enorme presión: la decisión de recortar salarios municipales a comienzos del año pasado lo enfrentó a una tormenta política y económica que, según fuentes del distrito, impactó directamente en su estado emocional. A eso se sumó la muerte de su padre, quien paradójicamente fue una figura clave para que Nebot iniciara el tratamiento que hoy lo mantiene en recuperación.
"La causa nunca es la sustancia, la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia", explicó ante su comunidad, en una frase que sintetiza con precisión lo que la ciencia y los especialistas en salud mental llevan años intentando instalar en el debate público. Y agregó: "La lucha contra la adicción es todos los días, un día a la vez".
Nebot anunció que se propone fortalecer los programas de salud mental en el municipio y ampliar el abordaje integral de los consumos problemáticos. Una decisión que, vista desde afuera, tiene una lógica que pocos podrían cuestionar: quien atravesó ese infierno en carne propia difícilmente aborde estos programas desde el escritorio o desde el discurso vacío. La experiencia vivida puede convertirse, en el mejor de los casos, en una herramienta real de empatía y comprensión hacia quienes atraviesan situaciones similares.
Sinceridad o sincericidio: lo que el caso deja en evidencia
Lo que Nebot hizo puede leerse de muchas formas. Algunos lo llamaron valentía. Otros, sinceridad política poco frecuente. Algunos más, directamente, un sincericidio. Pero más allá de la lectura que cada uno haga de su decisión de hablar, lo que su caso instala de manera inevitable es una pregunta que la sociedad argentina viene formulando con creciente insistencia: ¿Qué mecanismos existen para garantizar que quienes ejercen funciones públicas lo hagan en condiciones plenas?
La respuesta, al menos en términos de política pública, está tomando forma en distintas partes del país. Al menos seis provincias argentinas ya implementaron o avanzan en la implementación de narcotest obligatorios y aleatorios para funcionarios públicos.
Salta lo estableció mediante la Ley Provincial N° 8533 y el Decreto N° 262, con controles toxicológicos sorpresivos. San Luis lo reglamentó a través de su Ley de Ética Pública y prevé realizar 5.800 análisis anuales a funcionarios.
Neuquén sancionó la Ley N° 3531 que obliga a test aleatorios para todos los funcionarios provinciales, y el propio gobernador fue el primero en someterse a la prueba. Misiones lo oficializó mediante el Decreto N° 776, alcanzando al Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y agentes de salud.
Córdoba exige certificados negativos de consumo para funcionarios de alto rango.Y Santa Fe avanza con la aprobación legislativa de la obligatoriedad de estos exámenes.
El debate no es nuevo, pero casos como el de Nebot le dan una dimensión humana y concreta que los proyectos de ley rara vez tienen. No se trata de estigmatizar ni de criminalizar una enfermedad, sino de garantizar que quienes toman decisiones que afectan la vida de miles de personas lo hagan con plena capacidad y lucidez.
San Juan y el debate que no para
Este medio consultó en voz baja con distintos referentes políticos de la provincia sobre el tema. El consenso, más allá de las diferencias partidarias, apunta en una misma dirección: la implementación de narcotest para funcionarios es una herramienta que merece ser discutida seriamente. Nadie se opuso abiertamente a la idea, aunque tampoco hubo voluntad de dar declaraciones formales al respecto.
La historia de Nebot no es solo la historia de un intendente bonaerense que se sinceró en una charla comunitaria. Es también el espejo en el que muchas provincias, incluida San Juan, pueden y deberían mirarse al momento de debatir qué estándares se les exige a quienes ejercen funciones públicas.
Por Gabriel Rotter.