San Juan
Domingo 09 de Septiembre de 2018

Una ley histórica que iguala asimetrías

La Cámara de Diputados de San Juan sancionó por unanimidad la ley de coparticipación municipal. Todos los bloques de la Cámara y los legisladores que representan cada municipio votaron a favor, y la ley fue aprobada sin ninguna objeción tras haber sido estudiada previamente en comisiones. La ley de coparticipación y la de responsabilidad fiscal fueron impulsadas por el propio gobernador Sergio Uñac. Al aprobarse; marca un antes y un después en el manejo de los fondos públicos provinciales.


La planificación efectiva de recursos a largo plazo es una muestra de respeto hacia las instituciones, de diálogo y de modernidad efectiva para transparentar las cuentas públicas sin que ningún intendente deba acceder a fondos de acuerdo al humor político ni extorsión del gobernador de turno.


De acuerdo a lo expresado en la misma sesión que le dio nacimiento a esta nueva ley; el antecedente más cercano de coparticipación nos lleva hasta el año 1974 por lo que debieron pasar 44 años para que se reinstaure. Si ya fue necesaria a comienzos de los 70, imagínense cuánto lo era casi medio siglo después. Resulta inconcebible que el manejo de fondos durante tantos años haya estado en manos de una decisión política y no de una ley.


La ley aprobada establece que la masa de recursos a distribuir entre la Provincia y los municipios será integrada por la totalidad de los ingresos que percibe la primera en concepto de impuestos provinciales sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a la Radicación del Automotor y el Impuesto de Sellos y todo aquel que en el futuro los reemplace, excepto aquellos que tengan afectación específica dispuesta por ley provincial.


Por otra parte, la distribución primaria de recursos impositivos se constituirá de la siguiente manera: a) Impuestos provinciales: Provincia 80% y municipios 20%. B) Impuestos nacionales: Provincia 85,5% y municipios 14,5%.


En tanto la distribución secundaria de recursos coparticipables se realizará de la siguiente manera: el 49% se distribuirá en proporción directa a la población, el 1% en relación a la densidad poblacional inversa, el 2% como zona desfavorable en relación a la distancia a la ciudad Capital, considerando a tal fin la principal vía de acceso hasta la villa cabecera de cada departamento. El 1,5% se distribuirá en base al consumo del alumbrado público y edificios propios del municipio correspondiente al año anterior a la sanción de la presente ley.


El 15% en partes iguales. El 23% se hará en proporción a los hogares con necesidades básicas insatisfechas. El 0,60% en relación al monto del impuesto inmobiliario puesto al cobro por departamento, calculado en base al promedio de los dos últimos años anteriores a la sanción de la presente ley. El 1,10%, en relación al monto del impuesto a la radicación del automotor puesto al cobro por departamento, calculado en base al promedio de los dos últimos años anteriores a la sanción de la presente ley. El 6,80% en relación al monto del impuesto sobre los ingresos brutos determinado, régimen local, por departamento, considerando a tal fin el domicilio fiscal del contribuyente, calculado en base al promedio del tributo determinado en los dos últimos años previos a esta ley.


La ley de responsabilidad Fiscal establece reglas de comportamiento fiscal y dotará a la gestión municipal de mayor transparencia. Una vez más, el diálogo fue el artífice del acuerdo que no distingue color político en la sanción; esto lo hace un hecho sin precedentes, ejemplar y modelo para futuras leyes de la cámara.


En medio de tanta angustia y desazón por la inflación en el país, este hecho corre el riesgo de pasar desapercibido; quizás de igual manera eso le ocurra; entre el montón de noticias económicas que entraron en una vorágine hace algunos meses; pero ésta ley le pone fin a la especulación, al discurso político vacío y falto de verdad y expone de aquí en adelante a todas las promesas de campaña que cualquier agorero pretenda usar solo para engañar.-

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