La tendencia también se observa durante este año. Entre enero y julio, el gasto de capital acumuló una caída real del 10%. De los 1.241 proyectos activos a nivel nacional, solamente el 35% registró pagos durante ese período. El monto devengado alcanzó los $0,7 billones, equivalente al 26% del crédito vigente.
San Juan, entre las provincias que no recibieron transferencias
Uno de los puntos destacados por el informe es la desigual distribución de los recursos destinados a las provincias. Entre enero y julio, la Nación transfirió aproximadamente $0,5 billones para financiar obras, un 52% menos en términos reales que durante el mismo período de 2025.
El 70% de esos recursos se concentró en Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis, provincias cuyos gobernadores mantienen una postura considerada dialoguista con la administración nacional.
En contraste, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Córdoba y Misiones no recibieron fondos por esta vía durante lo que va de 2026, según el relevamiento de LCG.
La diferencia también se refleja cuando se analiza el reparto por habitante. De acuerdo con la consultora, Catamarca recibió recursos que superaron en más de 23 veces el promedio provincial.
Frente a la reducción de la inversión directa, el Gobierno nacional avanza con un nuevo modelo que busca trasladar parte de la responsabilidad sobre la infraestructura vial a las provincias y al sector privado.
En este marco, San Juan ya firmó un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para asumir durante 20 años la gestión de determinados corredores nacionales, esquema que contempla tareas de administración, conservación, mantenimiento y obras bajo determinadas condiciones.
La estrategia también incluye la denominada Red Federal de Concesiones, mediante la cual la Nación pretende transferir al sector privado la operación, mantenimiento e inversiones sobre más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante sistemas de concesión y peaje.
El cambio representa una modificación respecto del esquema tradicional de obra pública financiada directamente por el Estado nacional. La nueva estrategia apunta a combinar concesiones privadas y mayor participación de las provincias, mientras la Nación mantiene la titularidad y jurisdicción federal sobre las rutas.
Para San Juan, el escenario plantea un desafío particular: mientras la provincia quedó fuera de las transferencias de capital durante los primeros siete meses del año, deberá afrontar el mantenimiento y la gestión de corredores estratégicos en un contexto de fuerte reducción de los recursos nacionales destinados a infraestructura.
Un dato que permite dimensionar el impacto: la discusión sobre las rutas adquiere especial importancia para San Juan por el peso que tiene la infraestructura vial en actividades como la minería, la producción agroindustrial y el comercio, sectores que necesitan corredores en condiciones para movilizar personas, insumos y producción.
