San Juan
Miércoles 28 de Marzo de 2018

Un fallo de la Corte Suprema pone en jaque las cuentas del EPRE

Le dio la razón a una mujer que fue echada sin causa hace 20 años. El organismo la debe reincorporar y quedó expuesto a tenerle que pagar millones de pesos.

Otra vez, la administración de Jorge Rivera Prudencio al frente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) quedó en el ojo de la tormenta por la forma que eligió para echar un empleado y las consecuencias que eso le puede traer al Estado. En 1998 despidió sin causa e indemnizó a Norma Navarro de Eguia, la mujer demandó al organismo para ser restituida y después de que la Justicia local le rechazara el planteo en varias oportunidades, la Corte Suprema de la Nación le dio la razón y mandó a dictar un nuevo fallo que le reconozca los derechos de estabilidad laboral y a ser reincorporada. La resolución pone bajo la lupa el método del ente y su presidente para desprenderse de los trabajadores y hay una posibilidad concreta de que todo termine en un grave perjuicio para las arcas públicas, ya que la afectada reclama un resarcimiento económico que podría constituir una cifra varias veces millonaria. Al mismo tiempo, la posición del máximo tribunal del país fija un precedente para dos casos similares que ya tienen opinión favorable de primera instancia.

El fallo de la Corte Suprema es del 26 de diciembre, pero salió a la luz recién este miércoles. Con la firma de todos sus miembros, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal anuló la sentencia de la Corte de Justicia local que rechazó el planteo de Navarro y le ordenó que dicte una nueva.

La causa se disparó en 1998, cuando la abogada fue a la Justicia para plantear que su desvinculación sin causa viola la estabilidad laboral y pedir su reincorporación y una compensación por el daño causado. El juzgado Civil Nº 9 no le hizo lugar, la Cámara Civil tampoco y la Corte provincial adoptó el mismo criterio. Los argumentos fueron que no tiene la estabilidad propia del empleado público y que no podía volver al cargo por haber cobrado la indemnización.

La Corte Suprema considera lo contrario. El fallo sostiene que los empleados del sector eléctrico están amparados por un Convenio Colectivo que sí les da estabilidad absoluta, lo que implica que Navarro no podía despedida sin causa y si había motivos para hacerlo, debían ser determinados mediante un sumario administrativo. Además, asegura que si bien la ex empleada embolsó la indemnización, lo hizo en disconformidad, por necesidad luego de quedarse sin sustento económico y que eso no la priva del derecho de volver al organismo.

El fallo del superior tribunal argentino nada dice acerca de que a Navarro hay que pagarle una compensación. Sin embargo, un especialista explicó que le da la razón acerca de que se violaron sus derechos y que eso es la "base fundamental" para que se le reconozca un daño y la obligación de repararlo con una suma de dinero.

El resarcimiento suele calcularse en estos casos sobre los sueldos actualizados que dejó de percibir el perjudicado. Fuentes calificadas aseguraron que un letrado del EPRE gana en estos momentos unos 50 mil pesos al mes, lo que al año implica 650 mil pesos si se computa el aguinaldo. Ese monto multiplicado por los 20 años desde que la mujer fue echada da como resultado 13 millones de pesos, sin contar en el mismo periodo de tiempo vacaciones y un bono que cobran los trabajadores del organismo.

El dinero debería salir del EPRE. Pero atendiendo a que es un ente de carácter público cuyo presupuesto está conformado por dinero de la provincia, el impacto sería en los recursos del Estado. Dicho en otras palabras, lo pondrían los sanjuaninos.

El caso ya despertó reacciones en los despachos oficiales, donde miran con preocupación el procedimiento que se utilizó en su momento para desvincular a la abogada. Más, cuando la arbitrariedad del Directorio del EPRE pone al Estado en el aprieto de tener que hacerse cargo de una cuantiosa suma de dinero.

La preocupación va mucho más allá, debido a que la gestión de Rivera Prudencio utilizó la misma metodología para despedir a dos abogados en el año 2008. La resolución de la Corte Suprema sienta un precedente que también se podía aplicar a esos casos, con lo que el perjuicio a las cuentas públicas podría ser mayor.

Los abogados son Martín González y Pablo Moya. Los dos fueron a la Justicia, aduciendo que nunca fueron sometidos al sumario que exige la ley para un empleado con estabilidad, que deben ser reinstalados en el EPRE y que les tienen que abonar una compensación. En 2016, el juez Federico Soria hizo lugar al planteo del primero y dispuso que el organismo le pague el 80 por ciento de los sueldos que perdió desde su salida, lo que al momento del fallo representaba no menos de 6 millones de pesos.


La Corte de Justicia sanjuanina ya retomó el trabajo de la causa Navarro. Como algunos de los cortistas ya intervinieron, se tuvo que conformar un tribunal con participación de jueces de Cámara para dictar el nuevo fallo que mandaron Lorenzetti y sus compañeros.



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