Aborto a una víctima con retraso madurativo
Miércoles 29 de Agosto de 2018

Salud Pública sumarió a seis profesionales que intentaron impedir el aborto no punible de una adolescente abusada

El proceso administrativo se llevará a cabo luego de que algunos de los empleados del hospital Guillermo Rawson interrumpieran el proceso de aborto legal.



/// Marcela V. Silva


Luego de que se conociera que durante la madrugada del domingo un grupo de profesionales del hospital Guillermo Rawson intentó evitar un aborto no punible a una adolescente de 14 años, que fue abusada en reiteradas oportunidades y finalmente embarazada por el dueño de una finca de Sarmiento, se supo que al menos seis de ellos serán sumariados.



Este detalle fue confirmado por la propia ministra de Salud de la Provincia, Alejandra Venerando, durante la mañana del miércoles. El proceso administrativo del cual se desconoce el tiempo que durará, será para investigar los motivos que llevaron a los profesionales a intentar impedir el proceso de aborto legal que finalmente se realizó en el nosocomio tal cual lo establece la Corte Suprema de Justicia en un fallo histórico que data del 2012 y que figura en el art. 86- inciso 2 del Código Penal Argentino.


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En este sentido Alejandra Venerando en Estación Claridad detalló que los profesionales que se desempeñan en otras áreas del nosocomio interrumpieron de manera irrespetuosa e ilegal para intentar evitar el aborto legal a la adolescente que se encontraba internada. Además, agregó que los investigados ahora por la Justicia lograron desaparecer la historia clínica de la víctima: "todo quedó registrado en las cámaras de seguridad", dijo la ministra de Salud.



Por otra parte se supo que durante las últimas horas la Fiscalía no dió lugar a la denuncia que se realizó contra los médicos que procedieron conforme a los solicitado por el juzgado. Es que era una obligación que se impuso por pedido judicial, tal como indica el procedimiento por ley. Entonces, se entiende que no hay delito.


Mientras tanto hubo una ola de diferentes instituciones que salieron a brindar su apoyo por haber cumplido con lo que manda la ley para estos casos. Primero lo había realizado la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y después se sumaron, entre otros, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, CEDES, la Fundación Huésped y hasta Amnistía Internacional.


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