La investigación, que comenzó la ministra Alejandra Venerando, se inició en diciembre de 2017 ante la presunción de que había anomalías en la carga de combustible de las movilidades oficiales.
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Cada chofer tiene una tarjeta otorgada por Salud Pública para cargar combustible y una clave que es personal e intransferible. El sistema permite hacer un pormenorizado seguimiento y control del uso de la nafta. En la investigación se detectaron, por ejemplo, que con pocos minutos de diferencia se hicieron varias cargas con la misma clave y distintas tarjetas y que se realizó otra con la clave de un chofer que en ese momento estaba de vacaciones. También encontraron cargas los días sábados en la madrugada, cuando no había ninguna misión oficial autorizada.
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Con el correr de la investigación judicial los empleados comenzaron a ser reincorporados a sus puestos de trabajo, salvo 4 de ellos, Según el secretario administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, están esperando la resolución de la Justicia para definir la situación de dichos cesanteados. "Por ahora el sistema esta resentido porque hasta que no haya una definición no podemos ocupar esos cuatro puestos, ya sea con otras personas o con los mismos empleados", indicó a Canal 8.
Además, Benelbaz explicó que hasta que no se produzca una resolución judicial y administrativa los aquellos separados de sus cargos no trabajan, pero continúan percibiendo sus haberes.
Si alguno es encontrado culpable, además de la condena judicial, será exonerado del Estado.