San Juan
Martes 04 de Septiembre de 2018

Reina el silencio en el EPRE, tras el revés judicial por acoso laboral y el despido arbitrario de dos empleados

Luego de que la Sala I de la Cámara Laboral le diera la razón a dos abogados que habían sido echados del organismo, sin causa, hace 10 años. El directorio que encabeza Jorge Rivera Prudencio optó por no hablar de este fallo por el que deberán pagar un monto millonario en carácter de reparación por daños material y moral.

El EPRE eligió una vez más el silencio. Esta vez lo hizo luego de que se conociera el fallo de la Sala I de la Cámara Laboral que determinó que los abogados Martín González y Pablo Moya, quienes en 2008 fueron removidos del organismo sin sumario previo, habían sido víctimas de acoso laboral y fueron despedidos de manera arbitraria. La institución optó por el mismo camino en el caso de Norma Navarro de Eguía. En ese caso fue la Corte la que determinó que fue despedida de manera arbitraria.

Desde Fiscalía de Estado la situación fue similar, ya que este medio intentó contactarse y no obtuvo respuesta alguna. El EPRE, mediante la Fiscalía de Estado, tiene la posibilidad de recurrir los fallos ante la Corte de Justicia de la provincia. O puede allanarse y adoptar lo resuelto por los camaristas del fuero Laboral, en cuyo caso quedaría firme la orden de pagar.

En este último caso, el organismo debería desembolsar unos 20 millones de pesos entre reparación económica y costas del juicio, lo que le causaría un severo perjuicio a la cuentas del Estado por el accionar "ilegítimo" de los funcionarios del organismo, presidido por Jorge Rivera Prudencio.

Esta suma de dinero corresponde a las remuneraciones que dejaron de cobrar los letrados, en estos diez años, y además por haber sido víctimas de malos tratos. Este reclamo le apunta directamente al presidente del EPRE, a quien acusan de actuar de esa forma sólo por no estar de acuerdo con sus dictámenes jurídicos.



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