San Juan
Miércoles 04 de Abril de 2018

Rago Gallo pidió el desafuero del diputado Amín para poder indagarlo

Es por una causa de supuestos sobreprecios cobrados a Gendarmería cuando no era legislador. En Diputados dicen que lo suspenderán, pero todavía no definen por cuánto tiempo.


El juez Federal Leopoldo Rago Gallo pidió este miércoles por escrito el desafuero del diputado calingastino Alfredo Amín, con el objetivo de poder indagarlo en una causa por supuestos sobreprecios y sobrefacturación de mercadería a Gendarmería. En la Legislatura interpretan que eso implica suspenderlo en el cargo, pero hay discrepancias sobre si esa medida se debe extender mientras dure el proceso penal o solamente hasta que comparezca frente al magistrado.

El pedido de Rago Gallo se veía venir. El legislador justicialista está entre los investigados por una serie de maniobras fraudulentas que aparentemente causaron un perjuicio al Estado nacional y en Diputados daban por hecho que iba a ingresar el escrito, ya que el magistrado no puede indagarlo como a cualquier otro imputado porque tiene fueros.

Ahora, los diputados deben resolver si le dan curso o no. El espíritu del cuerpo es quitarle los fueros para no entorpecer el avance de la Justicia, pero aseguran que eso no implica su destitución. Oficialistas y opositores afirman que basta con suspenderlo, por lo que se espera que opten por ese camino y Amín no pueda seguir ejerciendo en su sillón de diputado provincial.

El interrogante es por cuánto tiempo sería suspendido. Los legisladores analizan si debe ser mientras el tiempo que tarde la investigación y se resuelva la situación de Amín, lo que podría llevar años y exceder el mandato que termina en 2019, o si corresponde hacerlo hasta que presente declaración indagatoria como pide el juez Federal.

Por el momento, en la Legislatura no dicen nada acerca de si tratarán el tema en la sesión de este jueves para que la Justicia no pierda tiempo o si lo dejarán para la próxima. Lo que sí sostienen es que es casi seguro que no le podrá escapar a la suspensión, por lo que no cobrará su sueldo durante el tiempo que dure esa disposición, ni podrá asistir a las sesiones.

Amín está acusado por hechos que sucedieron entre los años 2013 y 2014, cuando todavía no era diputado provincial. El fiscal Federal Francisco Maldonado pidió su indagatoria y la de otros involucrados por entender que en aquella época, cuando el justicialista era proveedor de Gendarmería, le cobró sobreprecios a la fuerza nacional por mercadería que le vendió y en algunas oportunidades no entregó lo que le habían pagado.

Aunque ya dejó de ser proveedor del Destacamento 26 de Gendarmería de Barreal y el Centro de Formación Félix Manifior, Amín es uno de los propietarios de un tradicional comercio de Calingasta (Supermercado Don Pocholo). La investigación comenzó en 2014 por una denuncia que hizo la delegación cordobesa de la fuerza nacional y luego de una serie de pericias realizadas por un contador que corroboró ventas a precios siderales y que se facturó mercadería que nunca se entregó, el fiscal Maldonado imputó a Amín y ahora Rago Gallo hizo lugar a su pedido de indagarlo, además de pedir el desafuero con esa finalidad.

Además de Amín, en la causa están imputados los comerciantes Oscar Pastén, Carlos Samat, Julio Posleman, Alberto Sosa, Genaro Riquelme y Adrián Uliarte. De acuerdo a la investigación judicial, eran instrumento de los dos gendarmes que habrían montado el negocio. Uno es Darío Barco, que estaba al frente del Centro Manifior, y Jorge Castro, quien era el que manejaba las finanzas de Gendarmería.





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