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Presentaron los fundamentos del fallo en la megacausa por expropiaciones

La justicia sanjuanina reveló que un actual camarista y un abogado podrían haber participado en maniobras ilegales para estafar al Estado. La decisión surge del análisis del fallo de la megacausa por expropiaciones irregulares, que ya dejó múltiples condenas.

A un mes de la sentencia que condenó a Santiago Graffigna y a otros integrantes de una red delictiva por fraude al Estado, la Justicia sanjuanina dio a conocer los fundamentos del fallo. En ese documento de más de 4.800 páginas, se ordenó la apertura de nuevas investigaciones, entre ellas, una que podría alcanzar al actual juez de Cámara Roberto Pagés Loveras y al abogado Raúl Alonso, por su presunta participación en las maniobras fraudulentas.

La audiencia se llevó a cabo en la Sala 9 del edificio de Tribunales y estuvo encabezada por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón. Según consta en el fallo, la participación de Pagés Loveras —cuando era titular del Cuarto Juzgado Civil— en ciertos expedientes clave vinculados a la causa generó dudas entre los magistrados, quienes solicitaron a la Unidad Conclusiva de Causas que determine si su intervención se limitó al rol de juez o si existió connivencia con los implicados.

Por su parte, Alonso, quien fue apoderado de Horacio Alday, fue señalado por los jueces como posible nexo entre su cliente y Graffigna. En el juicio quedó acreditado que Alday recibió un 25% del monto cobrado por la expropiación de un terreno ubicado en la intersección de Matías Zavalla y San José, en Capital. El terreno fue señalado como “la vereda más cara de la historia provincial”, por los valores desproporcionados abonados por el Estado.

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La resolución también incluyó el pedido de investigación sobre Marcelo Parra, contador vinculado a Alday, y la revisión de la situación procesal de Carlos Infante y Gustavo Mulet, quienes podrían haber cumplido funciones accesorias dentro de la estructura.

Con este nuevo giro, el camarista Pagés se convierte en el tercer juez mencionado en la causa. Antes lo fueron Carlos Macchi, destituido y condenado a más de seis años de prisión, y Rosalba Marún de Sobelvio, procesada pero no condenada debido a su fallecimiento en 2021.

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La causa, iniciada formalmente en 2018 aunque con antecedentes que se remontan más de una década atrás, investigó una red que inflaba el valor de terrenos expropiados para obtener pagos millonarios por parte del Estado. El juicio concluyó en julio con condenas por asociación ilícita y fraude, pero el dictado de los fundamentos revela que la investigación aún no ha terminado.

Con la publicación del fallo, el tribunal dejó asentada no solo la solidez de las pruebas contra los ya condenados, sino también su preocupación por los actores que habrían facilitado o encubierto los delitos desde funciones públicas o profesionales. La causa ahora se bifurcará en dos caminos: por un lado, las apelaciones a las condenas ya dictadas, y por otro, el inicio de nuevas indagatorias en lo que podría convertirse en una segunda etapa del proceso judicial más extenso de la historia reciente en San Juan.

Por Gabriel Rotter.