San Juan
Jueves 20 de Septiembre de 2018

La Provincia sancionará a las empresas constructoras que tengan empleados en negro

El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y el de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, brindaron una conferencia de prensa para explicar que los expedientes de las obras se pagan al día, que no hay demoras y que las firmas que tienen a cargo los proyectos estatales no pueden tener mano de obra no registrada.

En San Juan hay 10.000 trabajadores en el sector de la construcción y ya se suman aproximadamente 2000 denuncias por trabajo en negro o pago indebido. Esta situación fue expuesta por las empresas constructoras como una situación que se daba por el retraso en el pago de las obras estatales. Ante esto, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y el de Infraestrucctira, Julio Ortiz Andino, brindaron una conferencia de prensa para desmentir y aclarar esta justificación que había sido esgrimida por los empresarios al diputado provincial y secretario general de la UOCRA Eduardo Cabello. Ante esta situación Gattoni detalló que: "desmentimos esa situación, ya que San Juan tiene los recursos para cubrir la totalidad de las obras comprometidas. No hay atraso financiero en el pago de los certificados de obra".


Por otro lado, el titular de la cartera de Hacienda argumentó que nada justifica que los empresarios tengan mano de obra no registrada y que serán inflexibles a la hora de controlar. Para ello pidieron ayuda a la Subsecretaría de Trabajo desde donde realizarán las inspecciones correspondientes. Las sanciones que se aplicarán pueden ir de medio salario mínimo vital y móvil, hasta 2000 salarios, dependiendo de la falta y de la empresa. La acumulación de multas podrían hacer que las firmas dejen de participar en las licitaciones.

La situación generó un gran malestar en la administración uñaquista debido a que la Provincia ha realizado grandes esfuerzos, no sólo para mantener la continuidad de las obras comprometidas, pese a los vaivenes de la política nacional, sino que ha dispuesto líneas de crédito a tasa subsidiada para que no se corte la cadena de pago y para que las empresas pudieran generar fuentes de trabajo en blanco.

Por su parte, el ministro de Infraestructura declaró que un hipotético retraso en el pago de las certificaciones de obra por parte del Gobierno de ninguna manera debería generar despidos de trabajadores.



Para reforzar la idea, Ortiz Andino dijo que desde el comienzo de la actual gestión se ha trabajado intensamente en el área de vivienda, una de las actividades que mayor mano de obra demanda, y que además tiene proyectos en todos los departamentos de la provincia.



El funcionario acotó que en esa planificación se fijó un monto de viviendas cuyo tope fue establecido por Nación, con el único compromiso acordado con todas las empresas de tener a todo su personal registrado. No solamente registrado, expresó luego el funcionario, porque el trabajador puede estar registrado pero en los hechos le marcan pocos días por quincena, de manera que reciben sus haberes parte en blanco y el resto en negro.



Ortiz Andino siguió diciendo que así como la Provincia hace un gran esfuerzo para mantener los niveles de actividad en el sector de la construcción, las empresas también deben acompañar y los trabajadores deben estar totalmente en blanco.



Para ilustrar más sobre el funcionamiento del sistema de contratación y pago de certificaciones a las empresas, el ministro de Infraestructura refirió que las mismas se hacen siempre dentro de los plazos especificados en los pliegos de licitaciones, que son de 60 días. No obstante ello, hay vaivenes en las fechas y hay pagos que se hacen a los 25, 30 ó 40 días, pero nunca se supera el plazo máximo y si se superara, las empresas tienen el recurso de reclamar el pago de intereses, de manera que no se justifica que tengan empleados en negro o parcialmente en negro.


Más adelante, el subsecretario de Trabajo dijo que las tareas de control a empresas para verificar el cumplimiento de las leyes laborales son constantes y que a partir de lo planteado por la UOCRA se intensificarán aún más los operativos.



En la parte final de la conferencia de prensa, Gattoni puntualizó que si bien la crisis que afecta a la economía nacional también golpea al sector empresario con el constante incremento de precios de materiales, en casi tres años de gestión la Provincia no ha recibido reclamos de parte de las constructoras en relación a demoras y mucho menos faltas de pago de las certificaciones por las obras que ejecutan.



Para concluir, el ministro de Hacienda apeló a la sensibilidad del empresariado de la construcción, al requerir que los ajustes que deban hacer en sus costos, no recaigan en las leyes laborales y sociales de los trabajadores, tal como lo viene haciendo la Provincia, que invierte en obra pública como ninguna otra provincia argentina.

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