En San Juan hay 10.000 trabajadores en el sector de la construcción y ya se suman aproximadamente 2000 denuncias por trabajo en negro o pago indebido. Esta situación fue expuesta por las empresas constructoras como una situación que se daba por el retraso en el pago de las obras estatales. Ante esto, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y el de Infraestrucctira, Julio Ortiz Andino, brindaron una conferencia de prensa para desmentir y aclarar esta justificación que había sido esgrimida por los empresarios al diputado provincial y secretario general de la UOCRA Eduardo Cabello. Ante esta situación Gattoni detalló que: "desmentimos esa situación, ya que San Juan tiene los recursos para cubrir la totalidad de las obras comprometidas. No hay atraso financiero en el pago de los certificados de obra".
Por otro lado, el titular de la cartera de Hacienda argumentó que nada justifica que los empresarios tengan mano de obra no registrada y que serán inflexibles a la hora de controlar. Para ello pidieron ayuda a la Subsecretaría de Trabajo desde donde realizarán las inspecciones correspondientes. Las sanciones que se aplicarán pueden ir de medio salario mínimo vital y móvil, hasta 2000 salarios, dependiendo de la falta y de la empresa. La acumulación de multas podrían hacer que las firmas dejen de participar en las licitaciones.
La situación generó un gran malestar en la administración uñaquista debido a que la Provincia ha realizado grandes esfuerzos, no sólo para mantener la continuidad de las obras comprometidas, pese a los vaivenes de la política nacional, sino que ha dispuesto líneas de crédito a tasa subsidiada para que no se corte la cadena de pago y para que las empresas pudieran generar fuentes de trabajo en blanco.
Por su parte, el ministro de Infraestructura declaró que un hipotético retraso en el pago de las certificaciones de obra por parte del Gobierno de ninguna manera debería generar despidos de trabajadores.