Emilio Baistrocchi, ministro de Gobierno
Domingo 08 de Julio de 2018

"La persona que visite a un interno del Penal e ingrese un objeto prohibido, no podrá entrar nunca más"

El caso del presidiario José Luis Alé Maldonado, asesinado en su celda del Penal de Chimbas el pasado 21 de junio, puso en jaque a 38 penitenciarios que fueron relevados de sus cargos, entre los cuales está el subdirector y 5 integrantes de la cúpula. Sumado a esto, en un allanamiento interno, sorpresivo, se secuestraron 300 celulares que se utilizaban para cometer delitos desde la cárcel.


Esto provocó un cambio de timón en el Servicio con el que se busca extremar las requisas y endurecer las sanciones a los visitantes de los internos que ingresen objetos prohibidos al Penal, con la posibilidad de no poder entrar nunca más.


La superpoblación en el Penal, entre ellos los presos federales que le significan un gasto anual de más de 30 millones de pesos a la Provincia, cuando el Ejecutivo Nacional sólo se hace cargo del 50% del costo, suman problemas a los ya existentes en el Servicio Penitenciario Provincial. Estos son algunos de los temas que comentó el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, en Habla San Juan, programa emitido en Radio Blu y Canal 8.


- Lo que sucedió esta semana en el Servicio Penitenciario, ¿fue por el caso Alé Maldonado?


- Es fruto de un proceso. Hace 8 meses, el gobernador Sergio Uñac designó al nuevo director del Servicio Penitenciario Provincial, Javier Figuerola y la primera misión que tenía era hacer un diagnóstico de cómo estaba el lugar y el resultado no fue favorable. En función de esto, venimos trabajando en un proyecto de ley para cambiar el organigrama y la normativa. Además, estamos trabajando en varias medidas en el interior de la estructura del penitenciario, en cuanto a construcción de pabellones y de nuevos módulos para las personas que tienen salidas transitorias. Hemos triplicado la cantidad de psicólogos y trabajadores sociales que hacen el tratamiento que necesita el interno. Hemos adquirido ambulancias, movilidades, se tercerizó el servicio de comidas y el de médico, con un doctor presente las 24 horas. Pero el Penal tiene hoy muchos condicionamientos, entre ellos el problema de recursos humanos. Hay 700 penitenciarios, cuando deberíamos tener 1100.


- Y tiene 1400 internos cuando debería tener 700


- Son casi 1500 cuando debería haber 600. Estas falencias que tenemos son las causantes para muchas cuestiones que venían ocurriendo, como lo probó el juez federal Leopoldo Rago Gallo a través de escuchas telefónicas en las que muchos internos utilizaban celulares para seguir cometiendo ilícitos.


- ¿Ese fue el caso de Víctor Camargo, que manejaba la droga en San Juan desde el Penal?


- Pero este es sólo un caso. En lo que va del año, ya hemos encontrado más de 300 teléfonos. En la última requisa que se hizo el domingo pasado hemos encontrado cerca de 60 y es trabajar siempre sobre lo mismo.


- ¿Cómo ingresa esto al Penal?


- A través de las visitas que realizan los familiares de los internos, que se realizan en los pabellones porque el Servicio Penitenciario no tiene un salón de usos múltiples para visitas y se dan donde están alojados los presos. Y tenemos sospechas, y certezas en otros casos, de que eran algunos penitenciarios, pero no nos pareció bien medir con la misma vara a todos. A partir de esto es que se decidió hacer un golpe de timón en la política del servicio y en el equipo que lo conducía.


- ¿Son 38 los penitenciarios removidos, entre ellos parte de la cúpula?


- De las autoridades, eximiendo al director, que es un civil designado por el gobernador, los relevados fueron el subdirector, que es el prefecto Mario Videla -la jerarquía más alta del establecimiento-; el subprefecto - jefe de cuerpo-; y los cuatro alcaides mayores.


-¿Cómo son las requisas dentro del Penal?


- Con un escáner de cuerpo, una máquina donde el visitante ingresa y los rayos X muestran todo lo que lleva. Pero hay que tener en cuenta que ingresan 120.000 visitas al año y no todos pasa por el escáner, sino que el resto ingresa con la requisa manual. Esto lo estamos solucionando con una compra de 8 escáners de bolsos y la puesta en funcionamiento de uno más de cuerpo. Además la requisa está en la entrada principal al Penal, pero hay cuatro sectores y no todos ingresan por donde está el escáner.


- ¿Hubo un detonante para acelerar los tiempos de toma de decisión?


- No hubo un detonante, es un proceso que nosotros lo planificamos para agosto-septiembre, pero en función de varios hechos, como los efectos prohibidos que seguían ingresando, los casos de Alé Maldonado y Camargo, decidimos, con el gobernador y el secretario de Seguridad, anticipar esos tiempos.


- ¿Es real que había guardiacárceles que respondían a los internos?


- En esto hay mucho mito. Siempre cuando se habla de una persona que maneja el pabellón, alguien que lleva mucho tiempo, pero la ascendencia la tiene sobre los internos no sobre lo penitenciarios. Ahora esto pasó y el juez que interviene deberá determinar quiénes son los responsables.


- Habría que replantearse los escáners que no funcionan y están en un solo ingreso y los inhibidores de celulares nunca funcionaron


-Los inhibidores fueron colocados y a raíz de un motín o que lo rompieron los presos no funcionan. Hay un escáner puesto y otro que se va a colocar. No lo hemos puesto antes porque no hay espacio físico, el edificio data del año 1950 y nunca se planificó para el día de hoy. Los avances en los penales, sobre todo en materia de infraestructura, son lentos.


- Hasta que se inaugure el nuevo Penal y los pabellones, ¿cómo van a evitar todo lo que sucede ahí adentro?


- Esta medida nos parece que es un mensaje hacia el penitenciario, los internos y las visitas. Nos queda endurecer la política del servicio en el sentido de tener mayor control. La ley penitenciaria provincial N° 24.660, dice que la visita que ingresa algo al Penal tiene suspensiones de días dependiendo del objeto. Hoy la decisión es que cualquier visita que ingrese algo prohibido tendrá suspensión definitiva.

Existe a realidad de un Penal colapsado y apuntamos a mejorar la política penitenciaria, a endurecer y asignar responsabilidades con la nueva conformación de la estructura, que saldrá la semana que viene con el nuevo organigrama. Los que ascienden tendrán un mayor beneficio, pero también muchísimas más responsabilidades.


- ¿Se crean relaciones cercanas entre los penitenciarios y los internos por la misma convivencia?


- A pesar de que son rotados permanentemente los penitenciarios, si sucede. En los casos en que los hemos descubierto, han sido cesanteados. Hace un año encontraron a un penitenciario ingresando en la requisa un termo con marihuana adentro, se lo puso a disposición de la Federal y como se defendió diciendo que era para consumo personal y no está penado, zafó de la Justicia pero nosotros lo echamos.


- Los presos federales implican un gasto anual en la provincia de más de 30 millones de pesos. ¿Qué sucederá con esta situación?


- Son en total 248 internos, de los cuales 47 son penados y los restantes procesados. Existe un convenio que se hizo efectivo en el 2003, por lo cual se recibe presos federales procesados y penados. Dice que se tiene que rescindir con 3 meses de anticipación y lo comunicaremos la semana que viene.


- ¿Hay una deuda de Nación con San Juan?


- De más de 10 millones de pesos. Nos deben el cuarto trimestre del 2016, todo el 2017 y el primer cuatrimestre del 2018. Pero no se trata de lo adeudado, sino de la falta de capacidad y tampoco existió una inversión de Nación en el Penal para este tipo de presos en ningún gobierno que hubo.


- ¿Existe la posibilidad de que los trasladen a Mendoza?


- El Penal Federal de Cuyo tiene una capacidad de 600 y ya está completo. Nosotros hoy nos estamos haciendo cargo de una responsabilidad que no nos compete, la Nación tendrá que hacerse cargo. Podemos darle una unidad, pabellón 4 del sector 4, con capacidad de 50 internos, pero bajo la condición de un preso por celda y que tendrán que pagar lo que cuesta un interno y no la mitad, cuesta 22 mil pesos al mes y pagan 11 mil.


- Cambiando de tema, ¿qué sucede con las cámaras de seguridad en avenida Circunvalación?


- El año pasado firmé un convenio con Vialidad Nacional y nos tienen que dar un permiso. Están instalados los postes y la fibra óptica, pero no hemos podido vencer la burocracia que tienen. Tenemos 22 cámaras guardadas a la espera de una autorización.


- ¿Llegarán a las 1000 cámaras del CISEM antes del 2019?


-Tenemos 300 cámaras y en el 2019 vamos a ampliar la cantidad. Dentro de las que serán instaladas está la particularidad de que habrá otras fijas de videomulta. Esto no tiene un sentido recaudatorio sino ordenatorio.


- ¿Se adelantarán las elecciones?


- Es muy probable. Se hizo la modificación, está el margen y la posibilidad legal de que se haga.

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