San Juan
Domingo 01 de Abril de 2018

EPRE: una historia de arbitrariedades que puede costar caro

Hay fallos judiciales que así lo dicen y que ponen en peligro las cuentas públicas. Además, señalan a la gestión que encabeza Rivera Prudencio por autoritarismo y maltrato, sin olvidar los escándalos con organismos de control por no rendir cuentas.

Las autoridades del Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) quedaron expuestas nuevamente, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallara a favor de una ex empleada que fue echada sin causa años atrás. No es el único caso de arbitrariedades en el organismo que tienen a Jorge Rivero Prudencio como máximo autoridad, lo que podría costar millones y millones de pesos a la provincia: hay dos causas más en trámite, impulsadas por abogados que también fueron despedidos sin motivos y que denuncian acoso laboral por parte del funcionario. El combo de juicios y el peligro de sucesivos reveses marcan una administración que también fue noticia por escándalos a raíz de la omisión de los controles oficiales a los que están sometidas todas las reparticiones públicas.

El EPRE se encarga de controlar la calidad del servicio eléctrico y fijar la tarifa por la distribución de la misma y Rivera Prudencio es su presidente desde al año 1997. Catalogado por sus colegas como brillante en las cuestiones técnicas, su trayectoria desde la Facultad de Ingeniería de la UNSJ está teñida de polémica y desde adentro de la casa de altos estudios y el organismo regulador confiesan por lo bajo que es conocido por ejercer el poder con extremo rigor, su personalidad autoritaria y el maltrato constante.

Una de esas polémicas salió a la luz esta semana, cuando se supo que una ex abogada del EPRE llamada Norma Navarro obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La mujer fue echada hace exactamente dos décadas sin causa alguna e indemnizada, fue a la Justicia para pedir que la reincorporen y reclamar una resarcimiento económico y tras años de litigar sin resultados favorables en la Justicia provincial, el máximo tribunal del país hizo lugar a su planteo y le ordenó a la Corte de Justicia local que dicte una nueva resolución que restituya a la ex trabajadora y tenga en cuenta su derecho de estabilidad. Eso abre, ni más ni menos, una puerta para que el Estado sanjuanino se vea obligado a pagarle una cifra millonaria para reparar el daño económico (no hay monto aún, pero pueden ser al menos 13 millones de pesos) que le causó la gestión del organismo.
Bien podría haberse tratado de un caso aislado, pero no. Pareciera haber sido el preludio de una forma de conducir que obliga a poner bajo análisis, entre tantas otras cosas, el procedimiento usado para despedir empleados del EPRE, la mayoría de ellos abogados que tenía que dictaminar si los actos de la cúpula del organismo eran legales o no.

Una década después del despido de Navarro, se registraron dos casos más con similares características: el EPRE les dijo adiós sin causa a los abogados Martín González y Pablo Moya. Los profesionales demandaron al organismo con el fundamento de que tenían estabilidad y que fueron echados sin sumario previo, además de acusar a Rivera Prudencio de acosarlos laboralmente. El juez Laboral Federicio Soria le dio la razón al primero, tildó de arbitraria e ilegítimo el método usado por los jefes, ordenó restituir al abogado en su cargo y que le pagaran una suma equivalente al 80 por ciento de los salarios no percibidos, cifra calculada en unos 6 millones de pesos.

Nada está firme todavía. Pero, además de la consideración de Soria, el fallo de la Corte Suprema sienta un precedente a aplicar en los dos juicios que aún se están tramitando y las cuentas del Estado quedan en jaque. Para medir el potencial perjuicio a las cuentas públicas ayuda trazar algunas comparaciones: con los 19 millones que podrían llegar a pagar el Estado por las conductas de la conducción del EPRE (por el caso Navarro y el de González, pero sin contar el de Moya ni las actualizaciones hasta que existan fallos definitivos), se podrían construir 19 casas del IPV para familias que no tienen dónde vivir, pagarles la tarjeta social (ayuda alimentaria) durante más de dos años a 1.000 beneficiarios o comprar cerca de 200.000 cajas de leche para los comedores escolares.

Ahí no para la cadena actos arbitrarios que se deprenden de la forma de administrar de Rivera Prudencio la cosa pública (porque el EPRE pertenece al Estado y su dinero es de todos los sanjuaninos), que de paso ha puesto en duda la transparencia de su gestión. Durante años hizo caso omiso a los pedidos de control de la aplicación de los recursos del ente que comanda.

El Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la provincia son, según dice la Constitución, los entes de control por excelencia del Estado sanjuanino. Sin embargo, en esas dos áreas públicas dieron cuenta en su momento de que el funcionario se resistió siempre a que pusieran la lupa en el gasto del presupuesto y a ser concebido como un funcionario más que debe rendir cuentas de lo que hace con la plata de todos.

Estuvo 8 años sin presentar ante el Tribunal de Cuentas los gastos del fondo especial que se constituyó para la construcción de la línea de 500 kV entre San Juan y Mendoza, que se constituyó con plata de los usuarios del servicio de energía eléctrica. Hasta que en 2013 quedó en evidencia, al ser intimado a que lo haga.

En medio de fuertes críticas que emanaban hasta de la Cámara de Diputados, Rivera Prudencio corrigió la situación a partir del ejercicio 2013 y presentó el balance de ese año y los sucesivos al organismo que se encarga de chequear la legalidad del gasto público. No obstante, en el Tribunal de Cuentas afirman que al no tener los números de lo que pasó para atrás, es imposible determinar si las cosas se hicieron bien.

Con la Contaduría General, el conflicto es bastante más antiguo. Tomándose de una ley que dice que el EPRE puede dictar normas propias, su presidente dispuso generar mecanismos internos de control y no someterse al del otro organismo como las demás dependencias estatales. El camino contrario al que hoy pronuncian muchos funcionarios políticos, que dicen "mientras más me controlen, mejor... no hay nada que esconder".

Desde la Contaduría le hicieron saber que aún cuando tenga facultades especiales dadas por la ley, debe pasar por ese filtro. Y un dictamen de la Asesoría Letrada de Gobierno dijo oportunamente que no está exento de ese control. En cambio, en el EPRE contaron que él se empeñó en que la Contaduría nunca intervenga en los expedientes del ente.

En las esferas oficiales ya habían declarado su malestar por la sensación de falta de transparencia que quedó por la controversia con los organismos de control. Ese malestar se profundizó después del fallo de la Corte Suprema y le dio paso a la preocupación ante la posibilidad concreta de tener que desembolsar millones de pesos por la arbitrariedad de un funcionario, cuando el dinero bien podría ir destinado a otros objetivos que necesita cubrir el Estado.

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