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El encuentro se basó en la articulación del trabajo de la Justicia con la tarea territorial de las oficinas municipales abocadas a la contención de las víctimas de violencia de género. "Uno de los puntos claves fue la propuesta de crear un registro único provincial tanto de agresores como de las mujeres que sufren este flagelo", dijo Adriana Ginestar, directora del área de la Mujer de la cartera de Desarrollo Humano de San Juan.
Otro de los temas planteados en la reunión fue la adhesión de la provincia a la ley nacional 26.485 de Violencia Contra la Mujer, la cual propone las formas de prevención, sanción y erradicación del flagelo.
Además, Ginestar aseguró que en la mesa se habló del seguimiento de las medidas cautelares que dicta la Justicia. Para esto, propusieron combinar esfuerzos para afianzar a las víctimas con contención psicológica y el estudio de trabajadoras sociales, y de esta forma que no vuelvan a caer en el círculo de la violencia.
Por otro lado, resulta importante destacar que la provincia asiste con una ayuda económica de manutención en casos puntuales. Se trata de un beneficio que brinda durante 4 meses con un monto de $4 mil, que utilizan generalmente para alquilar una vivienda o para generar una fuente de trabajo, según explicó la funcionaria.
"Al igual que en ANIVI, la Corte asume el compromiso de liderar la búsqueda e implementación de soluciones integrales para flagelos sociales tan lamentables, que tienen como víctimas a los integrantes más débiles de la sociedad", dijo De Sanctis. Y agregó que "la judicialización no agota el problema, sino que es el abordaje del hecho ya consumado. Por ello es fundamental desarrollar mecanismos previos y posteriores, que bajo un sentido de perspectiva de género permitan la prevención y también la atención a la víctima de manera efectiva".