El EPRE va a la Corte por el fallo que lo condena por acoso laboral
Presentará un recurso cuestionando la resolución de la Cámara Laboral. Es la última instancia provincial para intentar zafar de pagar unos 20 millones por hacer mal las cosas.
Las autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) harán un nuevo intento por evitar las consecuencias de haber echado a dos empleados sin ninguna causa. Un fallo de la Cámara Laboral condenó a la conducción del organismo por haberlos sometido a un acoso laboral y le ordenó reincorporarlos y pagarles una cuantiosa suma de dinero. En juego hay nada menos que 20 millones de pesos que deberían abonarse con plata de todos los sanjuaninos, ya que la repartición pertenece al Estado provincial.

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"Vamos a recurrir el fallo ante la Corte de Justicia", contó el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El organismo actúa como defensor del EPRE debido a que es quién representa los intereses de la provincia en un litigio judicial.


El recurso ante el máximo tribunal es la última instancia provincial que tiene en ente que conduce Jorge Rivera Prudencia para escaparle al pago y al perjuicio que eso significaría contra las arcas públicas por una torpeza propia. La única posibilidad que le quedaría ante un nuevo revés sería la Corte Suprema de Justicia, en donde hay un antecedente en contra: este año ordenó la reincorporación de una mujer que también fue despedida sin causa por el presidente de la entidad que controla la prestación del servicio de electricidad en San Juan.


La historia comenzó en el año 2008, cuando el EPRE desplazó de sus cargos a los abogados Martín González y Pablo Moya. Los dos demandaron al organismo, al considerar que tienen estabilidad, que no pueden ser removidos sin sumario previo y por sufrir acoso laboral por parte del propio Rivera Prudencio. Al mismo tiempo, en su presentación, pidieron ser reincorporados y que les paguen el daño económico y psíquico que les ocasionaron.


Tras años de litigio, los dos casos llegaron a la Sala I de la Cámara Laboral. Los camaristas Susana Raed y Guillermo Baigorrí hicieron lugar a ambas demandas. Por primera vez determinaron que hubo acoso laboral y hostigamiento por parte de la cúpula del EPRE para con Martín y Moya, dispuso que deben volver a sus lugares de trabajo porque tiene estabilidad y mandó a un pago doble: el 80 por ciento de sus sueldos desde que fueron despedidos, es decir hace 10 años, y 80 mil pesos a cada uno actualizados con intereses al año 2008 por daño psíquico.


Aunque todavía no está practicada la liquidación, fuentes judiciales calculan que el monto a desembolsar por el EPRE sería cercano a los 20 millones de pesos. Esto, contando lo que les corresponde a los profesionales despedidos y los gastos del juicio.


Si bien es la primera vez que la Justicia les da la razón a trabajadores en cuanto a los malos tratos y el hostigamiento de los directivos del EPRE, no es nuevo un fallo adverso por haber dispuesto un despido sin esgrimir motivos. La abogada Norma Navarro de Eguía demandó a la repartición por haber sido víctima de una remoción arbitraria, llegó a la Corte Suprema de Justicia y obtuvo un fallo favorable que exigía su reposición en el cargo. Antecedente que no le juega para nada a favor a Rivera Prudencio y equipo en tratar de zafar.


El presidente del EPRE ha elegido por ahora el silencio. Este diario y Canal 8 quisieron hablar con él, pero nunca llegó la respuesta y sigue sin querer tocar públicamente el tema que lo pone en el ojo de la tormenta.