San Juan
Lunes 03 de Septiembre de 2018

Duro revés judicial para el EPRE por acoso laboral y despidos arbitrarios

Las gestión que encabeza Jorge Rivera Prudencio echó hace 10 años a dos abogados. La Cámara Laboral sostuvo que fue una medida ilegítima, ordenó que sean regresados a sus puestos de trabajo y le impuso al organismo pagar una reparación económica que podría ascender a los 20 millones de pesos.

Los integrantes de la Sala I de la Cámara Laboral dictaron por estas horas duros fallos contra el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Les dieron la razón a dos abogados que habían sido echados sin causa hace 10 años y ordenó que la institución les pague un monto millonario en carácter de reparación por daños material y moral. Las resoluciones, que aún no están firmes, dicen que los despidos fueron arbitrarios, que los profesionales tienen que ser reincorporados y hasta que hubo acoso laboral por parte del Directorio del organismo que encabeza Jorge Rivera Prudencio.

Los abogados en cuestión son Martín González y Pablo Moya, quienes en 2008 fueron removidos del EPRE sin sumario previo. Los dos demandaron al organismo por actuar con arbitrariedad, pidieron recuperar su trabajo y el pago de una suma de dinero por las remuneraciones que dejaron de cobrar todo este tiempo y ser víctimas de malos tratos. Con el último reclamo le apuntaron directamente a Rivera Prudencio, a quien acusaron de actuar de esa forma porque no estaba de acuerdo con sus dictámenes jurídicos.

A Moya le rechazaron el planteo en primera instancia y a González le hicieron lugar en todo, a excepción del acoso laboral. Ambos apelaron y ahora consiguieron un fallo a favor de la Sala I de la Cámara Laboral, integrada por los jueces Susana Raed y Guillermo Baigorrí.

Los magistrados coincidieron en las dos demandas que de las pruebas aportadas "se desprende a las claras" que la administración liderada por Rivera Prudencio cometió "acoso laboral" y "hostigamiento" contra González y Moya. Así, es la primera vez que un tribunal afirma que la cúpula del EPRE incurrió en las conductas que venían denunciando los abogados.

Según los términos de los camaristas, por el acoso laboral de sus autoridades, el EPRE les tiene que abonar por daño moral a cada uno de los demandantes un importe de 80 mil pesos que debe ser actualizado al año en que se produjo el despido. Es decir, en el cómputo hay que contar desde 2008.

Por otra parte, los jueces consideraron que González y Moya tenían estabilidad, que en todo caso debieron ser desplazados a través de un sumario administrativo como manda la ley y que por ese motivo, corresponde que recuperen su puesto en el ente de contralor. Al mismo tiempo, dispusieron que la institución les pague el 80 por ciento de los salarios que dejaron de percibir.

Hasta el momento no hay una cifra oficial. Pero fuentes calificadas aseguraron que el EPRE debería desembolsar unos 20 millones de pesos entre reparación económica y costas del juicio, lo que le causaría un severo perjuicio a la cuentas del Estado por el accionar "ilegítimo" de los funcionarios del organismo que controla la prestación del servicio eléctrico en San Juan. Para medir el impacto del número, ese dinero alcanzaría, por ejemplo, para hacer 20 casas del IPV.

El EPRE, mediante la Fiscalía de Estado, tiene la posibilidad de recurrir los fallos ante la Corte de Justicia de la provincia. O puede allanarse y adoptar lo resuelto por los camaristas del fuero Laboral, en cuyo caso quedaría firme la orden de pagar.

Hay un antecedente judicial cercano que va en el mismo sentido, es decir que advierte que la gestión de Rivera Prudencio echó a un empleado de manera injustificada y arbitraria. La Corte Suprema mandó en julio de este año a que fuera reincorporada en su lugar de trabajo Norma Navarro, una abogada que había sido desafectada dos décadas antes.

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