San Juan
Viernes 07 de Septiembre de 2018

Complicidad y obligaciones de un funcionario público

En el medio de la toma del Rectorado que avala al propio jefe de la UNSJ, un repaso de las imposiciones de ley para los que administran y dirigen instituciones del Estado.

Tomas de Facultades y del Rectorado, un piquete para que nadie entre a trabajar y una arremetida para arrancar la imagen de una virgen de un edificio universitario y público. Todo eso pasó en el seno de la UNSJ en los últimos días ante la pasividad de sus autoridades o, mejor dicho, por acción u omisión, fue alentado por los máximos responsables. En momentos de desgobierno, cuando el orden le da lugar a una especie de anarquía y confusión de roles, es necesario más que nunca recordar cuáles son las obligaciones de quiénes tienen que custodiar los bienes del Estado y el cumplimiento de derechos fundamentales consagrados en la Constitución que deben convivir en equilibrio para que ninguno pisotee al otro. El contexto es la defensa de la universidad pública que la sociedad entera apoya, aunque muchos no ocultan su bronca por el descontrol interno reinante que opaca la intención de la mayoría de hacer oír su voz para que ninguna unidad académica quede desfinanciada.

Un funcionario público "está obligado a obrar conforme al marco que el ordenamiento jurídico le ha instituido". Es decir, actuar siempre apegado a la ley y ser el garante de que se cumpla.

En el caso de la UNSJ y su jefe, además, hay una larga lista de obligaciones bien específicas. El estatuto de la casa de altos estudios, con fuerza de ley, dice en el inciso M del artículo 35 que el rector debe "resolver cualquier cuestión urgente que afecte los intereses de la Universidad" y en el G establece que la misma figura tiene que "ejercer el poder disciplinario... en cualquier unidad o lugar" de la casa de altos estudios.

A todo eso se suman que es quien "ejerce la representación, gestión administrativa y superintendencia de la Universidad". En términos más sencillos, entre otras cosas, es el responsable de custodiar y preservar los bienes muebles y edificios públicos sobre los que tienen la posesión legal, administrar de manera efectiva el presupuesto y cumplir toda otra acción legal para preservar los intereses de la institución y alcanzar los objetivos para los que fue creada, principalmente la formación de futuros profesionales.

Pasar por alto cualquiera de estas normas, puede dejar a tiro de una denuncia penal al responsable. Por ejemplo, por incumplir las obligaciones de funcionario público, delito que contempla pena de prisión, aunque no de manera efectiva. Tal vez por eso, muchos olvidan sus deberes y actúan casi como si administraran su propia casa.

En la toma de las facultades de hace dos semanas por parte de estudiantes, desde el despacho del rector Oscar Nasisi hubo silencio de radio. Ni siquiera reaccionó cuando se invirtió la pirámide académica y profesores de distintas carreras se vieron forzados por alumnos a dictar clases fuera del aula. ¿Y el "poder disciplinario"? ¿Y la custodia de los edificios? ¿Y la obligación de hacer cumplir los derechos de todos los actores universitarios y el equilibrio entre ellos?

Días después, otra vez. Un grupo de estudiantes de izquierda copó las instalaciones de la Facultad de Filosofía, se quiso llevar una virgen que está en el hall bajo el argumento de que la UNSJ es laica, grupos de la Acción Católica llegaron para evitarlo, estuvieron a punto de trenzarse a golpes y Nasisi y su equipo miraron para otro lado como si nada pasara. Todo librado al humor y buena voluntad o no de los manifestantes de no pasar a mayores.

Esta semana, algo insólito. Sobre llovido, mojado. Una entrevista que le realizaron distintos medios a un alumno revela algo vergonzoso: dejó entrever que el Rectorado habría financiado la toma. Nasisi ya había dicho que avalaba esa práctica, pero pocos imaginaban que, como lo dijo el estudiante, llegara a usar recursos de todos para promover la barricada que impidió el libre acceso al edificio y que todos los empleados ejercieran su derecho a trabajar.
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Agustín Molina, el alumno entrevistado, contó que el Rectorado que dirige Nasisi y su mano derecha, la vicerrectora Mónica Coca, les dieron 300 pesos para poder comer mientras continuaban con la toma ilegal. No fue sólo plata. Dijo que la conducción autorizó también que el Comedor Universitario mandara viandas para el aguante de los 40 o 50 que pasaron la noche en el lugar. Total, es dinero público y que se gaste en cualquier cosa no le quita ni un peso al jugoso sueldo de más de 200 mil que todos los meses tiene asegurado en su bolsillo.

De nuevo, las obligaciones de un funcionario público que fueron conferidas por el voto popular de los universitarios terminaron en la basura. Ni custodia y cuidado de los bienes y los fondos, ni libre acceso, ni un orden que mantenga aceitado el innegociable sistema de enseñar y aprender. Todo lo contrario. Se pareció más al general de una movida que se basa en la ilegalidad y que va en contra del interés de una comunidad que cada vez más exige autoridad moral a sus representantes y que sencillamente cumplan lo que la ley manda.

Nasisi había anunciado con los gremios a su lado que se ponía al frente del plan de lucha contra la política de ajuste de Mauricio Macri. El plan de lucha consiste en paros y tomas que pueden ser legítimas, pero que interfieren en el dictado de clases que especialmente el rector debería intentar garantizar como administrador de la UNSJ.

En realidad, salido del libreto del servidor público que define al funcionario, no lo hace y confunde roles por motivos políticos y ganas de ser candidato en 2019 a cualquier precio. En sintonía con la frase de "el fin justifica los medios", usa y se esconde detrás de la sana inercia de alumnos, docentes y todo universitario que no quiere que el ajuste presidencial toque a la educación.

Aquel anuncio del rector sobre su nuevo papel rondó el jueves una mesa de docentes universitarios. Con ironía, uno dijo "por lo menos es consecuente, se pone al frente y paga para que se haga la toma del Rectorado". Otro, entre risas y enojo, le contestó con un práctico razonamiento: "Que lo haga con su sueldo, no con mí plata y la tuya".

A esta altura no son una novedad las dudas que deja Nasisi para hablar de la ética que les transmiten en los claustros a los futuros egresados. Sus omisiones y su estrategia de convulsionar la UNSJ y relajar los límites constituyen el principal factor que empuja a un segundo plano el foco principal de las genuinas quejas que salen de San Juan en dirección a la Rosada. A contrapelo de una comunidad universitaria que quiere ser noticia por conformar una sólida amalgama y no por hechos escandalosos.

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