San Juan
Miércoles 07 de Marzo de 2018

Caso ART: ex asesor giojista justificó el monto que se pagaba

Oscar Bernard declaró en la causa por sobreprecios de la gestión anterior. Dijo que la cifra subía por el ingreso de personal al Estado y la inflación. Hoy, en una situación similar, se gasta mucho menos.

La causa por presuntos sobreprecios en el pago de la ART durante el Gobierno anterior sumó otro capítulo. El ex asesor giojista Oscar Bernard declaró este miércoles frente al juez Pablo Flores y, según fuentes vinculadas al caso, aseguró que las alícuotas aumentaron año a año por el ingreso de personal al Estado, los efectos de la inflación y a que las condiciones del contrato eran otras. Actualmente se paga menos de la mitad a pesar de que la planta de empleados es casi la misma de aquella época y los precios al consumidor siguieron en alza.

Bernard declaró como testigo, pero puede terminar complicado si la Justicia considera que ayudó a que se pagaran miles de millones de más por el servicio de ART de los empleados públicos sanjuaninos. Es que en su rol de asesor de la Secretaría General de la Gobernación, era uno de los nexos que había desde la administración giojista con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) que la administración de José Luis Gioja contrató sin licitación desde 2005 a 2015 y habría intervenido en la elaboración de los contratos que se suscribieron con la misma entidad.

Bernard llegó minutos antes de las 18 a Tribunales y subió al primer piso, donde lo esperaban en el Juzgado de Instrucción N° 2 que dirige Flores. Las fuentes aseguraron que su declaración fue amplia, que respondió un largo cuestionario y que una de las cosas que dijo es que la alícuota que el Gobierno pasado le pagaba al IAPSER subió cada año debido a que iba aumentando la planta de personal de la administración pública y por la inflación

Es cierto que la cantidad de empleados creció en la era giojista, fundamentalmente por los pases masivos de contratados a planta permanente, y que existió una escalada inflacionaria. Pero en estos momentos el número de trabajadores es levemente superior, los precios se siguen moviendo hacia arriba y lo mismo, el desembolso del Estado es bastante menos de la mitad que los 504 millones de pesos que se terminó llevando el IAPSER anualmente.

Moisés Lara es otro de los que fue llamado a declarar como testigo, aunque los denunciantes (los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí) lo sindican como uno de los partícipes del negocio. Era el representante del IAPSER en San Juan y se especulaba que podía comparecer mañana, pero en Tribunales dijeron que quedará para la semana que viene.

Los hechos bajo la lupa sucedieron en la era de José Luis Gioja, cuando su Gobierno contrató en forma directa el servicio de ART del IAPSER y renovó el vínculo en forma automática durante 11 años. La sospecha es que en todo ese tiempo hubo abusos de ambas partes y que la provincia pagó más de 3 mil millones de pesos en sobreprecios.

La maniobra bajo investigación salió a la luz en diciembre del 2016, cuando el gobernador Sergio Uñac dispuso no seguir contratando en forma directa y licitar el servicio de ART para los estatales. Con las diferentes ofertas que se presentaron, quedó en evidencia que el Gobierno anterior le abonó al IAPSER cifras injustificadas. Mientras la entidad entrerriana embolsaba 504 millones de pesos al año, con la licitación logró bajarse sensiblemente el monto. La firma Provincia ART resultó la adjudicataria por 180 millones en el mismo lapso de tiempo.

Al no continuar con las contrataciones directas, la gestión uñaquista logró ahorrar más de 300 millones de pesos al año. La presunción es que semejante diferencia responde a sobreprecios en la gestión giojista y eso es lo que pidieron investigar los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia cuando denunciaron el caso.

La primera en declarar fue Flavia Nayar, que supo estar como encargada de la sede local del IAPSER. Compareció en diciembre y atribuyó el pago de los exagerados montos por parte del Estado provincial a que la siniestralidad de la Policía subió. Un detalle que va en contra de esa explicación es que los efectivos de seguridad representan una porción mínima en el total que se desembolsaba, ya que son 4 mil en un universo de más de 40 mil agentes públicos.

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