San Juan
Jueves 29 de Marzo de 2018

Buscan que el titular del EPRE responda con su patrimonio por el pago de una indemnización millonaria

Tras el fallo de Corte Suprema que le da la razón a una ex empleada del organismo que fue echada sin causa, un diputado planteará en el recinto que se busque una vía para que Rivera Prudencio le haga frente a la situación.

Luego de que se conociera que una ex empleada del EPRE echada sin causa obtuvo un fallo a su favor que podría significarle al Estado una suma millonaria, sanjuan8.com habló con el diputado Carlos Munisaga, quien sostuvo que el titular del organismo debería hacerse cargo del perjuicio a las arcas públicas. El legislador anticipó que en caso de que la Corte de Justicia de San Juan resuelva en el mismo sentido, pedirá a la Fiscalía de Estado que inicie acciones legales para que el daño económico se repare a través del embargo del sueldo de Jorge Rivera Prudencio.


Es que el hombre que está al frente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) quedó en el ojo de la tormenta por la forma que eligió para echar un empleado y las consecuencias que eso le puede traer al Estado. En 1998 despidió sin causa e indemnizó a Norma Navarro de Eguia, en ese momento la mujer demandó al organismo para ser restituida y después de que la Justicia local le rechazara el planteo en varias oportunidades, la Corte Suprema de la Nación le dio la razón y mandó a dictar un nuevo fallo que le reconozca los derechos de estabilidad laboral y a ser reincorporada.


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Esta resolución pone bajo la lupa el método del ente y su presidente para desprenderse de los trabajadores y hay una posibilidad concreta de que todo termine en un grave perjuicio para las arcas públicas, ya que la afectada reclama un resarcimiento económico que podría constituir una cifra varias veces millonaria.


Es por ello que en Diputados ya se baraja la posibilidad de evitar que sea la provincia la que termine cargando con el costo del accionar de Rivera Prudencio. Si bien el Estado debería pagar la reparación a Navarro, el planteo de Munisaga es que luego el funcionario sea demandado para que se haga cargo del perjuicio con su propio bolsillo. Así, las cuentas públicas quedarían saldadas.


El fallo de la Corte Suprema es del 26 de diciembre, pero salió a la luz recién este miércoles. Con la firma de todos sus miembros, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal anuló la sentencia de la Corte de Justicia local que rechazó el planteo de Navarro y le ordenó que dicte una nueva.


La causa se disparó en 1998, cuando la abogada fue a la Justicia para plantear que su desvinculación sin causa viola la estabilidad laboral y pedir su reincorporación y una compensación por el daño causado. El juzgado Civil Nº 9 no le hizo lugar, la Cámara Civil tampoco y la Corte provincial adoptó el mismo criterio. Los argumentos fueron que no tiene la estabilidad propia del empleado público y que no podía volver al cargo por haber cobrado la indemnización.


La Corte Suprema considera lo contrario. El fallo sostiene que los empleados del sector eléctrico están amparados por un Convenio Colectivo que sí les da estabilidad absoluta, lo que implica que Navarro no podía despedida sin causa y si había motivos para hacerlo, debían ser determinados mediante un sumario administrativo. Además, asegura que si bien la ex empleada embolsó la indemnización, lo hizo en disconformidad, por necesidad luego de quedarse sin sustento económico y que eso no la priva del derecho de volver al organismo.


Por ahora sólo hay que esperar la decisión que tome la Justicia sanjuanina en relación al fallo de la Corte Suprema de la Nación que sentenció el pago de unos 14 millones de pesos, para luego dirimir quién deberá abonar esa suma.

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