“Los damnificados son los sanjuaninos, no hay ninguna razón para trasladarlo”, afirmó el funcionario. Y cuestionó el planteo de la defensa que busca llevar el expediente a los tribunales federales: “Todos los dineros que manejan las provincias, un 80% por coparticipación vienen de Nación. Entonces, el argumento de que el dinero viene de Nación es insostenible”.
Baigorrí aclaró que su postura no define el futuro del expediente, ya que la decisión sobre la competencia corresponde a los jueces que intervienen en el planteo.
Sin embargo, fue contundente sobre su criterio jurídico: “A mi criterio, no. Pero esto es una decisión que toman los jueces”.
El planteo fue presentado por la defensa de Sergio Fabián Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), a través del abogado Mohamed Nasser Uzair. La presentación busca que la investigación deje de tramitarse en San Juan y pase al ámbito federal, con el argumento de que la obra habría involucrado recursos de origen nacional.
El pedido de inhibitoria fue presentado el 9 de octubre ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El expediente quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de Buenos Aires, a cargo del juez Daniel Rafecas, quien solicitó información a la Justicia sanjuanina sobre el objeto y el estado de la investigación para analizar si corresponde intervenir.
Desde la Fiscalía provincial sostienen que la pesquisa debe permanecer en San Juan. Entre los puntos investigados figuran presuntas irregularidades en la compra y colocación de los caños del acueducto, además de posibles sobreprecios. La obra fue financiada mediante un crédito tomado por la Provincia.
Para Baigorrí, la procedencia de los fondos no alcanza por sí sola para justificar el traslado. También remarcó que el eventual perjuicio que se busca esclarecer está vinculado con una obra realizada en territorio sanjuanino y con recursos que involucran a la provincia.
En su diálogo con Canal 8, el fiscal general también fue consultado por las ausencias del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino en la audiencia de formalización convocada para el 14 de octubre.
Ambos se encuentran entre las personas investigadas en el expediente.
Ante la consulta sobre si debían presentarse ante la Justicia pese a sus funciones legislativas, Baigorrí respondió: “Sí, no hay ninguna razón”. También mencionó la posibilidad de que participaran de manera virtual, aunque recordó que la jueza de Garantías Mónica Lucero no autorizó esa modalidad para Andino.
La audiencia del 14 de octubre no avanzó como estaba previsto y fue reprogramada luego de que la magistrada considerara justificadas las ausencias. Durante esa instancia, el fiscal Sebastián Gómez cuestionó los motivos de las inasistencias y anunció que pediría el desafuero de ambos legisladores para garantizar su comparecencia.
La nueva audiencia de formalización fue fijada para el martes 10 de noviembre de 2026, a las 14.30, en la Sala de Audiencias N.º 9 del Palacio de Tribunales de San Juan.
La causa comenzó en diciembre de 2025, tras una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, y está a cargo de la UFI Delitos Especiales. La investigación busca determinar si hubo irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, una obra de infraestructura hídrica que quedó bajo sospecha por posibles anomalías en los materiales utilizados y en los costos.