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Reforma judicial: rechazaron un pedido de inconstitucionalidad

Una jueza decidió no dar curso a una acción presentada por el Colegio de Abogados porteño respecto de las medidas cautelares.

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti rechazó el pedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que se declare inconstitucional la nueva ley que modifica el régimen de medidas cautelares en los casos en los que interviene el Estado.

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La magistrada desestimó in limine (sin adentrarse en el tratamiento del planteo) el pedido de la entidad, consecuencia de una de las principales reformas judiciales que aprobó el Congreso nacional del paquete de seis proyectos que impulsó el Ejecutivo.

"Los jueces no pueden tomar por sí una ley o una cláusula constitucional y estudiarla e interpretarla en teoría, sino sólo aplicar a las cuestiones que se suscitan o se traen entre ellos por las partes en litigio a fin de asegurar los derechos o el cumplimiento de obligaciones", sostuvo Biotti en su fallo, al considerar que el planteo del Colegio fue en "abstracto" y no sobre un caso puntual.

En ese sentido, aseguró que "la jurisprudencia de la Corte Suprema exige, también en los supuestos en los que invoque la existencia de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, la concreta figuración de un caso".

"La admisión de la pretensión del Colegio (...) importaría una virtual derogación de esa ley en sede judicial, con la consecuente intromisión en la jurisdicción de otros tribunales que deban aplicar el régimen de medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviniente el Estado", advirtió la magistrada. Luego consideró que, de hacer lugar al pedido de los abogados, "los jueces de los respectivos procesos judiciales se verían impedidos de ejercer el control de constitucionalidad de las normas que deben aplicar".

El titular de la referida colegiatura, Jorge Rizzo, apelará la resolución ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Este es el primer aval de la Justicia a parte de la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo, en este caso respecto a una norma que es uno de los puntos clave de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo y que contempló sugerencias que había sido hechas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) ante el Senado.

Concretamente, la ley plantea que cuando se solicite una medida cautelar contra el Estado el juez deberá, antes de resolverla, requerir "a la autoridad pública demandada que, dentro de un plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud".

En caso de hacer lugar a la medida, el magistrado "deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia que no podrá ser mayor a los seis meses", según se desprende del texto.

Además, el artículo 13 señala que la apelación por parte del Estado frente a una cautelar que trabe "total o parcialmente" los efectos de una ley o de un decreto de necesidad y urgencia "tendrá efecto suspensivo", salvo cuando se trate de "sectores socialmente vulnerables" o se encuentren comprometidos derechos relacionados con la vida y la salud.

Los fundamentos

Otro punto que sobresale en la ley es el artículo que dispone que "los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionario cargas personales pecuniarias".

Previo al rechazo del amparo presentado por el Colegio de Abogados, otra jueza, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, había desestimado una presentación hecha por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra la creación de tres nuevas cámaras de casación y el de uso de cautelares.

En ese caso, la jueza los rechazó al considerar que ambas leyes aprobadas no habían sido para ese entonces promulgadas por la presidenta Cristina Kirchner, aunque el constitucionalista adelantó que insistirá con la presentación.

Toda esta saga de episodios tiene destino final en la Corte Suprema de Justicia.

El Senado aprobaría hoy la polémica norma

El oficialismo convertiría hoy en ley la reforma del Consejo de la Magistratura durante una sesión especial del Senado, a pesar de la resistencia del arco opositor, que exhibió el acompañamiento de juristas y especialistas que cuestionan el proyecto.

Se prevé que la sesión comience a las 12 y el bloque oficialista que preside Miguel Angel Pichetto confía en tener 39 votos para aprobar esta ley clave del paquete de reforma judicial, dos más que el mínimo exigido. Al igual que hace dos semanas, cuando los proyectos de reforma judicial fueron votados por la Cámara de Diputados, se convocó a través de las redes sociales a una nueva marcha de repudio al Congreso.

El último 17 de abril el Senado aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura con 39 votos a favor, pero Diputados le hizo luego una serie de modificaciones. Todo indica que el oficialismo volvería a contar con los 33 votos de los senadores del Frente para la Victoria más seis aliados. Estos seis votos serían aportados por la santafesina Roxana Latorre, los fueguinos María Rosa Díaz y Osvaldo López, el neuquino Horacio Lores, el correntino José María Roldán y la pampeana María Higonet.