La investigación había comenzado después de que los dos denunciantes aseguraran que habían entregado dinero para realizar supuestas inversiones que prometían importantes rentabilidades. De acuerdo con la denuncia, las operaciones no generaron los beneficios esperados y tampoco se produjo la devolución completa del capital reclamado.
La Fiscalía logró acreditar durante la etapa preliminar que existieron transferencias de dinero mediante distintas entidades financieras y bancarias. En la causa se estableció que el monto involucrado en las operaciones rondaba los USD 25.000, aunque el acuerdo de reparación alcanzó los USD 12.000.
El expediente fue tramitado inicialmente por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Antes de que se concretara la formalización de la investigación, la defensa ofreció una reparación integral y la propuesta fue aceptada por los denunciantes, representados por el abogado querellante, Joaquín Moine.
De esta manera, el acusado no llegó a ser formalmente imputado por el delito de estafa. La salida alternativa permite cerrar el proceso siempre que se cumpla con las obligaciones asumidas. Si los pagos se realizan según lo acordado, la acción penal quedará extinguida.
Desde la defensa sostuvieron que no existió intención de cometer una maniobra fraudulenta, sino que se trató de un negocio que no obtuvo los resultados previstos. La posición de los denunciantes fue distinta y dio origen a la intervención de la Justicia.
El caso, por ahora, queda sujeto al cumplimiento del acuerdo económico. La devolución de los USD 12.000 será determinante para que la solución alternativa quede definitivamente consolidada.