Robo con el uso de armas de fuego aptas para el disparo y portación ilegal de armas. Esos son los dos delitos que se empezarán a juzgar en el fuero de flagrancia una vez que se apruebe el proyecto de ley que presentó ayer el diputado justicialista Rubén Uñac, que contempla ampliar el régimen judicial especial que debutó hace poco más de dos meses en la provincia.
La iniciativa venía en estudio y sólo faltaba que ingresara al parlamento sanjuanino, para quedar encaminada a convertirse en ley. En el programa Estudio 8, Uñac dio cuenta de que ayer la presentó por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados y que hoy tomará estado parlamentario, para ser derivada a la comisión de Justicia y Seguridad.
El proyecto propone modificar el régimen de flagrancia, donde hoy se juzga a todas aquellas personas que son sorprendidas con las manos en la masa o infraganti cuando cometen alguno de los delitos con penas que van de 3 a 15 años de prisión (la excepción es el hurto simple, que que es más leve). Con la reforma, se agregarán los que conllevan un castigo de hasta 20 años para permitir que se tramiten allí el robo con el uso de arma de fuego y la portación de armas (artículo 189 bis del Código Penal).
Así las cosas, los delincuentes que asalten con un arma o lleven una encima sin autorización serán sometidos al procedimiento de flagrancia. En la práctica, serán condenados o no en un juicio express que dura apenas unos días y no en un término de años como sucede hoy.
El proyecto está acordado con el Ejecutivo y el Poder Judicial y no es otra cosa que una señal clara de la administración del gobernador Sergio Uñac acerca de su política de persecución criminal. "No habrá tolerancia para los que usen un arma para cometer delitos", aseguró ayer el autor de la modificación al régimen actual.
Es prácticamente un hecho que la iniciativa se convertirá en ley. No sólo porque el oficialismo tiene amplia mayoría en el recinto de Libertador y Las Heras, sino porque el régimen de flagrancia ha dado sobradas muestras de sus beneficios y la oposición ha acostumbrado a acompañar la política de seguridad del Gobierno uñaquista.
Flagrancia se puso en funcionamiento el 9 de agosto, con cuatro juzgados. Desde entonces, a través de los juicios express, fueron condenados 129 delincuentes, de los cuales el 65,12 por ciento tenía antecedentes (84). De esa cantidad, 28 están cumpliendo la sentencia en el Penal de Chimbas, hay 50 que fueron liberados pero que irán presos sin reinciden y los otros 51 fueron castigados con tareas comunitarias (probation).
El sistema ha terminado con la conocida "puerta giratoria". Los delitos que se juzgan en flagrancia antes no tenían resolución en el régimen tradicional por ser considerados menores, los delincuentes acumulaban decenas de hechos (robo y hurto principalmente) y a las pocas horas de caer presos eran liberados por no tener antecedentes. Ahora, al tener una condena, o van presos al Servicio Penitenciario o el delito queda asentado en su planilla prontuarial bajo la amenaza de tener el mismo destino si cometen otro hecho.
Fuente: Estudio 8
