Una acusación grave, en un contexto delicado. Un acto escolar, un menor de edad y una funcionaria policial como señalada.
El problema para sostener la denuncia fue acumulándose con cada testimonio. Las contradicciones empezaron por algo tan básico como la ropa que vestía la acusada ese día.
La madre aseguró que la oficial estaba “correctamente uniformada” y llevaba una mochila verde claro. El propio niño, en su declaración ante Cámara Gesell, dijo que la mujer usaba un buzo amarillo y pantalón negro, y que el arma salió de una mochila “un poquito negra”.
Ambas versiones fueron desmentidas por testigos presentes en el acto. Madres que asistieron al evento y la directora del establecimiento declararon de manera unánime que Flores vestía ropa de civil, no llevaba uniforme y tampoco tenía consigo ningún bolso o mochila. Además, todos los testigos coincidieron en que la mujer permaneció junto al grupo de madres durante todo el acto, sin moverse.
Otra contradicción clave fue la del testigo que el propio niño señaló. El menor dijo que la portera de la escuela los había visto durante la supuesta amenaza e incluso interactuado con la oficial. Cuando fue entrevistada, la empleada negó rotundamente haber visto a la imputada ni haber presenciado ninguna situación violenta.
Para cerrar el cuadro, el allanamiento ordenado en el domicilio de Flores arrojó el secuestro de su arma reglamentaria 9mm —cuya tenencia está justificada por su función— y una mochila color lila, que no coincidía con ninguna de las descripciones aportadas por los denunciantes.
Con testigos que contradecían la denuncia, sin cámaras de seguridad y sin ningún indicio que respaldara la acusación original, la fiscalía concluyó que se habían agotado las instancias investigativas sin poder acreditar que el hecho ocurrió. Aplicando el principio de in dubio pro reo —la duda beneficia al acusado—, se dictó el sobreseimiento total. La defensa de Flores estuvo a cargo de la defensora oficial Sandra Leveque.
