Ambos acusados enfrentan más de un centenar de denuncias por maniobras fraudulentas vinculadas a emprendimientos inmobiliarios, venta de lotes y vehículos, y propuestas de inversión que habrían generado un perjuicio económico millonario a numerosas familias y particulares.
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Rosso de Balanza consideró que la resolución del juez Roberto Montilla, quien el pasado 31 de marzo dispuso arresto domiciliario, no tenía suficiente sustento legal. Incluso, destacó que el defensor de González, Carlos Reinoso, no había pedido esa modalidad de detención.
En su defensa, Reinoso buscó desvincular a su cliente de los hechos más graves, apuntando directamente a Robles Bonade, su expareja. Sostuvo que ella habría realizado múltiples operaciones sin entregarle el dinero correspondiente, valiéndose de un poder notarial que él le otorgó y luego revocó. Incluso mencionó una posible falsificación de la firma de un escribano ya fallecido.
González también intentó despegarse, alegando que se dedica a la construcción desde hace 16 años y que no pudo responder a sus compromisos económicos porque gastó sus ahorros en un monumento a Cristo en Calingasta, obra por la que no habría sido remunerado.
Por su parte, la defensa de Robles Bonade insistió en que su clienta debería permanecer en prisión domiciliaria, aludiendo a un diagnóstico psiquiátrico preliminar que señala que padece un trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Sin embargo, la jueza ordenó que esta situación sea evaluada por una junta interdisciplinaria mientras la imputada permanece detenida en el penal.
