Policiales
Miércoles 27 de Diciembre de 2017

Expropiaciones: todo listo para elevar la causa a juicio

El juez Correa entiende que ya terminó la instrucción. El fiscal Rodríguez debe decidir ahora si pide que el caso vaya a juicio y de acuerdo a sus propios antecedentes, es un hecho que lo hará.

Cuando muchos apostaban a que la voluminosa megacausa de las expropiaciones se dilatara con más dimes y diretes y la suerte final de los acusados siguiera en suspenso, el juez Benedicto Correa dio por cerrada la instrucción y este jueves enviará el expediente al Ministerio Público para que resuelva si pide que vaya a juicio oral y público. El fiscal Carlos Rodríguez tomará la decisión en febrero porque no le dan los tiempos para hacerlo antes y es prácticamente un hecho que solicitará que los implicados se sienten en el banquillo de los acusados, atento a que en ninguno de los casos se opuso a que fueran procesados. Se trata de uno de los escándalos más grandes en la historia judicial de la provincia y se calcula que el Estado fue estafado en miles de millones de pesos por un grupo de personas que presuntamente se dedicaba a inflar el valor de los terrenos expropiados.



El escándalo empezó a asomar en diciembre de 2010, cuando la Justicia local dictó una cautelar para suspender todos los pagos que debía hacer el Estado por terrenos expropiados para hacer distintas obras (dique Cuesta del Viento, por ejemplo). Desde entonces, se disparó un largo proceso que ahora lleva a su fin en la etapa de investigación de primera instancia y que de acuerdo a los antecedentes, es casi seguro que terminará en un juicio oral y público con un nutrido grupo de acusados de estafar a la provincia.


Fuentes judiciales revelaron que, tras decenas de planteos de los imputados, muchos de ellos considerados meramente dilatorios, Correa dio por terminada su actuación. El expediente tiene como procesados a los abogados Santiago Graffigna (en su haber tiene tres procesamientos por hechos distintos) y Horacio Alday, la ex jueza Roslaba Marún, el ex juez Carlos Macchi, la ex perito del Estado Ana María Melvin y los peritos de parte Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga.


Según las fuentes, Correa mandará este jueves las actuaciones a la Fiscalía que encabeza Rodríguez. El agente del Ministerio Público tiene seis días hábiles para resolver, el viernes se cuenta como el primero y como el lunes larga la feria judicial de enero, el plazo seguirá corriendo el jueves 1 de febrero de 2018 y vencerá la semana siguiente. Puede tomar dos caminos: requerir que la causa vaya a juicio o que los acusados sean desligados.


A juzgar por lo que ha pasado durante la instrucción, Rodríguez nunca se reprochó que los ochos imputados fueran procesados por las pruebas que pesan en su contra. Por eso, a no sea que aparezca un imponderable que no esté en la cuenta de nadie, de cajón que se inclinará por la primera alternativa y a Graffigna y compañía no les quedará otra que enfrentar un tribunal de juicio por los graves hechos que les endilgan.


Rodríguez puede pedir una prórroga de seis días más en febrero por tratarse de una causa compleja, pero eso le daría algo más de una semana y su resolución saldría a más tardar a fines de febrero. En el Palacio de Tribunales dieron por hecho que si a esa altura del año se eleva el caso a juicio, es seguro que la Sala Penal en el que recaiga lo celebrará durante 2018.


El titular del Juzgado de Instrucción N° 5 y la Fiscalía de Estado como querellante aseveran que el principal implicado es Graffigna, al entender que comandó durante años una asociación ilícita de abogados, profesionales, jueces y funcionarios que cumplieron roles bien definidos para fijar valores muchos altos de los terrenos a expropiar y que el Estado hiciera desembolsos exorbitantes. Fue así que, según las pericias que se hicieron, hay inmuebles por los que se pagaron decenas de millones de pesos de más y la Justicia supone que los excedentes fueron a parar a los bolsillos de la organización.


En la causa hay más procesados: el ex empleado de Recursos Hídricos Néstor Adán Ruiz, el ex fiscal de Estado Mario Díaz y los ex miembros del Tribunal de Tasaciones de la provincia. Pero sus abogados defensores apelaron a la segunda instancia, aún no hay resolución de los camaristas y como los procesamientos no están firmes, aún hay que esperar para ver si van a juicio como los demás o si sobre ellos recae un sobreseimiento o falta de mérito.

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