Policiales
Lunes 05 de Marzo de 2018

Estafa con planes sociales: la causa cambia de juez y va al fuero Federal

Benito Ortiz se declaró incompetente, porque es un delito contra el Estado nacional. Ahora entenderá Leopoldo Rago Gallo.

El escandaloso caso de un hombre que cobraba indebidamente planes sociales de otras personas y supuestamente se dejaba un porcentaje, ya no será investigado por la Justicia local. Mientras el principal implicado continúa detenido, el juez provincial Benito Ortiz se declaró incompetente y ordenó el traspaso del proceso al fuero Federal, en donde se hará cargo su colega Leopoldo Rago Gallo. El fundamento central de la medida es que el caso constituye una estafa contra el Estado nacional y como tal, debe ser resuelto por los tribunales de esa jurisdicción.

El propio Ortiz dio a conocer su resolución ante una consulta de sanjuan8.com: "Ya me declaré incompetente". Según el magistrado, hay tres razones que lo llevaron a desprenderse de la causa. Una es que la supuesta estafa que se investiga es contra el Estado nacional, otra que la maniobra se dio en un programa que depende de una repartición nacional y por último, que unos de los involucrados es empleado público nacional.

La resolución fue dictada por Ortiz la semana pasada, pero se conoció este lunes. Y es independiente al pedido que había hecho el fiscal Federal, Francisco Maldonado, para que la Justicia local se desprendiera del caso. "Hay abundante jurisprudencia que dice que en estas situaciones, cuando el afectado es el Estado nacional, la causa corresponde al fuero Federal", explicó el titular del Juzgado de Instrucción N° 1.

Al tratarse de un delito, quien se hará cargo ahora de la investigación es Rago Gallo, que en la Justicia Federal con asiento en San Juan es el juez que tiene bajo su competencia los asuntos penales. Y el fiscal de primera instancia será Maldonado, quien puede pedir una serie de medidas para continuar con la instrucción de la causa que involucra a tres personas.

El caso es escandaloso y cuando se conoció, a fines de diciembre, generó indignación porque en el medio estaba en juego el dinero de los que más necesitan. El principal imputado es Romeo Saavedra, quien fue sorprendido en un cajero automático con 51 tarjetas de débito de titulares de planes sociales nacionales mientras cobraba los beneficios.

De acuerdo a la información que trascendió en ese momento, a Saavedra le secuestraron unos 80 mil pesos que habría cobrado con 9 tarjetas. Se sospecha que los beneficiarios recibían menos dinero del que correspondía y que el puntero político se quedaba con el resto. Y en la Justicia entienden, al menos mientras la causa estuvo bajo la órbita local, que las afectados no se animaban a denunciar la situación por miedo a perder la ayuda.

Saavedra terminó preso y sigue tras las rejas, luego de que le negaran la excarcelación. Al parecer no actuaba solo. Después cayeron su hija Sol y su hermano Juan, que es funcionario de la Gerencia de Empleo de la Nación que administra los planes en cuestión.

Fuentes calificadas habían contado que Juan se encargaba de aprobar los proyectos de capacitación que derivan en los planes sociales y que Romeo hacía conocer que era hermano del funcionario, cuando visitaba a los autores de las iniciativas. Al parecer, dijeron, condicionaba la aprobación a retenerles un porcentaje a los beneficiarios. Así, haciendo las veces de intermediarios, se habrían quedado con importantes montos de dinero durante un tiempo que aún no se pudo determinar.

Sol, la hija de Romeo, quedó en la mira por formar parte de la maniobra desde otro lugar. Con la misma condición, les habría conseguido becas a estudiantes universitarios.

Los planes sociales van desde 1.500 a 8.000 pesos. En tanto que las tarjetas que administraba la familia Saavedra eran unas 100, aseguraron las fuentes.

El delito que se les imputa es el de estafa. Un delito que aunque es excarcelable, significaría que Juan sea echado de la Gerencia de Empleo y que a los presuntos responsables les caiga un castigo penal, en cuyo caso deberían cumplir en forma efectiva su cometen otra conducta tipificada en el Código Penal.

Casos como el de Saavedra son los que han llevado a que el Gobierno nacional buque mecanismos directos para conceder y pagar los planes sociales de todo el país. Intenta evitar intermediarios y que parte del dinero que debe ir a los más necesitados se quede en el camino.

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