Se conoció que las mujeres eran obligadas a crear contenido que era difundido por internet. Las víctimas eran sometidas a desempeñar esta tarea en condiciones de vulnerabilidad.
Gendarmería Nacional informó cómo se realizó la investigación de trata de persona que terminó en la detención del abogado Gustavo De la Fuente como uno de los involucrados de la red.
Escándalo en San Juan: detuvieron a un abogado por trata laboral y sexual
Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, en conjunto con otras Unidades de Gendarmería Nacional destacadas en la provincia de San Juan y con la asistencia del personal de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno provincial y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, se realizaron seis allanamientos que se cumplimentaron como resultado de dos años de tareas de investigación sobre una banda que constituía delitos de explotación sexual y laboral en distintas plataformas digitales, en infracción a la Ley 26.842.
Como resultado de las requisas, se lograron a detener a los principales investigados (tres ciudadanos de nacionalidades argentina, colombiana y venezolano) a quienes también se les inhibieron sus bienes, e incautar dos automóviles y elementos de interés para la causa valuados aproximadamente en 120.000.000 millones de pesos argentinos.
Los involucrados habían establecido una red de trata con conexión internacional, en especial en Colombia. Captaban a sus víctimas, especialmente mujeres, a través de redes sociales mediante ofertas laborales destinadas a aquellas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y luego configuraban el traslado. En principio hacia la provincia de La Rioja y luego hasta Colombia (en este último caso se solicitó apoyo de la Dirección de Cooperación Policial Internacional de la Fuerza).
El entrecruzamiento de la información y el análisis de datos públicos existentes en distintas redes sociales, permitió recopilar información difundida en Internet, y utilizada por la organización, para la difusión de contenidos eróticos y explícitos cuyas conexiones se establecían vía streaming, casillas de mensajería y servicios exclusivos a los que los usuarios lograban acceder abonando un canon que pagaban con tarjeta de crédito, criptoactivos o medios de pago internacionales.
Asimismo, las víctimas eran sometidas a desempeñar las actividades ordenadas, bajo condiciones de vulnerabilidad, en las que eran privadas de calefacción, agua caliente y obligadas a compartir habitaciones, baño y objetos sexuales sin higienizar, además de carecer de obra social o servicio de asistencia médica.
Intervino el Juzgado Federal Nº2 de San Juan que dispuso el secuestro de elementos de interés para la causa, la detención de los involucrados y paralelamente, en relación al rédito económico proveniente de la actividad ilícita, orientó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los investigados, a los fines de iniciar una investigación financiera y patrimonial por parte del Grupo de Delitos Económicos, que permita establecer la trazabilidad del dinero a través de distintas cuentas y billeteras virtuales.
