Segun pudo constatar este diario, ante ese tipo de reclamos, el protocolo del SPP prevé la activación del RIF (Régimen de Ingreso y Resguardo), el sistema mediante el cual, cuando un detenido manifiesta sufrir hostigamiento o problemas de convivencia, es trasladado a un pabellón de resguardo separado del resto de la población carcelaria. Eso fue lo que ocurrió en este caso: contrario a algunas versiones que circularon, los tres imputados no fueron alojados en "Los Espartanos", sino que pasaron a resguardo en otro sector del penal, donde permanecen bajo mayores condiciones de seguridad.
Por qué volvieron a prisión
El traslado se da pocos días después de que los hermanos Marcó y Banega regresaran a prisión preventiva por orden de la jueza de Garantías Ana Carolina Parra, quien dispuso que permanezcan detenidos durante cinco meses mientras avanza la investigación por la presunta estafa millonaria atribuida a la firma.
La decisión de la magistrada llegó después de que dejara sin efecto el acuerdo de reparación económica que los tres imputados habían alcanzado con la Fiscalía y las querellas. Ese convenio contemplaba el pago de 524 millones de pesos en cinco cuotas para resarcir a los 352 damnificados de la causa, pero el primer desembolso nunca se concretó.
Durante la audiencia en la que se trató el incumplimiento, el fiscal Guillermo Heredia sostuvo que los acusados no habían actuado de buena fe y cuestionó que hubieran asumido un compromiso de pago sin contar realmente con los fondos necesarios. Las querellas, por su parte, calificaron lo ocurrido como una "doble estafa": una contra los ahorristas y otra contra el propio sistema judicial, al presentar un acuerdo que finalmente no pudieron cumplir.
En esa misma audiencia, Alexis Marcó y Facundo Banega habían asegurado en un primer momento que la transferencia de la primera cuota ya se había realizado. Sin embargo, una representante de la Oficina de Medidas Alternativas confirmó que no existía ninguna acreditación de ese depósito, lo que dejó esa versión descartada. Finalmente, los imputados reconocieron que no lograron obtener un préstamo que tenían previsto en Mendoza ni reunir el dinero mediante el cobro de pagarés.
Con ese panorama, la jueza Parra resolvió que la investigación penal continúe hasta marzo del próximo año y consideró que seguían vigentes riesgos procesales suficientes para ordenar nuevamente la prisión preventiva de los tres acusados.
Fue durante ese período de detención cuando, según la defensa, comenzaron los problemas de convivencia y los episodios de hostigamiento que derivaron en la activación del resguardo y el posterior traslado de los tres imputados a otro sector del establecimiento.
Por Gabriel Rotter.