En la gobernación bonaerense afirman que Vidal no bajará la denuncia si no hay consenso sobre el monto total y el acuerdo se ratifica en una ley. "Hay que esperar a la semana que viene a ver cuál es la oferta final. Recién ahí evaluaremos bajarla o no. No hay acuerdo", dijeron en uno de los despachos más importantes de La Plata. En el Gobierno hay quienes afirman que Vidal podría bajar la demanda también si los términos planteados el jueves no varían.
En la Casa Rosada hay optimismo. El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Interior, Sebastián García de Luca; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli y el secretario de Hacienda Rodrigo Pena mantuvieron numerosas reuniones bilaterales, conversaciones telefónicas, con casi todos los gobernadores y ministros de economía provinciales para ajustar los números. La pretensión oficial de que las provincias rebajen ingresos brutos condiciona algunas de las conversaciones. "Hay un mensaje político que es del 22 de octubre: vamos hacia el equilibrio fiscal", afirman. El entusiasmo es tal que pretenden coronar el eventual acuerdo con una nueva reunión con todos los gobernadores en la Casa Rosada hacia el fin de la próxima semana.
En el Gobierno argumentan que los gobernadores más duros del PJ como Carlos Verna, Alberto Rodríguez Saá o Gildo Insfrán no tienen margen para resistir en soledad la reforma. "Los únicos reclamos que puede haber pueden ser los sectoriales, como ocurrió con el vino con Mendoza y San Juan", argumentaban.
El optimismo oficial se sostiene en la creencia de que, si la demanda ante la Corte persiste, el máximo Tribunal acabara fallando a favor del reclamo de Vidal. Ese fue el sentido de la fotografía del lunes de la mandataria bonaerense con Ricardo Lorenzetti. No todos los gobernadores están convencidos. "La Corte no quiere fallar y tiene reclamos de todos las provincias", repiten mandatarios provinciales del oficialismo y de la oposición. En Balcarce 50 retrucan que el monto del reclamo bonaerense -de casi $ 400 mil millones- es más dinero que el de todas las demandas de las provincias contra el Estado juntas.
El corazón de la propuesta oficial reside en tres ejes. El primero es la derogación del artículo 104 de la ley de Ganancias, que establece que el 36 % de la recaudación por el impuesto a Ganancias no ingresa a la masa coparticipable y destina un porcentaje a la ANSES. El segundo eje es la pretensión de que el impuesto al cheque, cuya recaudación se envía en un 70% al Tesoro y en un 30% a coparticipación se destine a la ANSES. El tercer punto es el más importante de todos: la modificación del cálculo en la movilidad de las jubilaciones en base a la inflación en lugar del sistema actual atado a la recaudación. Por ahora, el Gobierno defiende en privado la normativa pero dilata la discusión pública al respecto. Con ese cambio, pretende recaudar $100 mil millones, indispensable para compensar las pérdidas por cerca de $ 30 mil millones de las provincias y cubrir una parte de lo que reclama Vidal.