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Un documento de 2017 ya alertaba sobre las irregularidades del submarino ARA San Juan

La documentación está en manos de la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez. Se trata del informe del segundo semestre 2016 sobre el navío.

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La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, ya tiene acreditado que, desde el 15 de febrero de 2017, a las 14:15, el ministerio de Defensa, por entonces a cargo del ingeniero Julio Martínez, estaba en conocimiento de que el submarino ARA San Juan tenía "limitaciones" de navegación y que debería ingresar a dique seco para reparar los inconvenientes de navegabilidad que presentaba.

La documentación, desconocida hasta ahora, fue aportada a la causa en las últimas horas. Por esa razón, el pasado lunes 16 de abril el ministro de Defensa, Oscar Aguad, fue interrogado sobre el tema en la Comisión Bicameral que investiga la desaparición y búsqueda del buque el 15 de noviembre de 2017.

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En dos oportunidades, y ante la insistencia de algunos diputados y senadores, el funcionario negó conocer la existencia de esa lapidaria auditoría.

Para aliento del Ministro, los legisladores que tenían la palabra dejaron pasar la respuesta y no repreguntaron o le exigieron que averigüe qué curso interno se dio dentro del Ministerio de Defensa al "informe 2016" sobre el ARA San Juan firmado el 14 de febrero de 2017 por el "AUDITOR INTERNO TITULAR DEL MINISTERIO DE DEFENSA", Pablo Lestingi.

Los parlamentarios tampoco expresaron, al menos hasta ahora, la necesidad de convocar al ex titular de esa cartera para conocer de primera mano si al menos él estaba al tanto del informe y, de ser así, si no le pareció relevante imponerlo de esa novedad a Aguad.

Según fuentes judiciales, la jueza Yañez ya tiene en su poder la "estructura orgánica" del ministerio de Defensa que debería estar en conocimiento del informe sobre el submarino que Aguad desconocía.

Estos son: su Jefe de Gabinete, Raúl Adolfo Ripa; el secretario de Asuntos Militares, Horacio Chighizola; la secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, Graciela Susana Villata; y el Director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa.

Este último es el mismo abogado que se desempeñaba en un cargo similar cuando Aguad ocupó el ministerio de Comunicaciones y ambos fueron denunciados, junto al presidente Mauricio Macri, por los presuntos delitos de "defraudación contra la administración pública, cohecho, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", por la firma de un polémico acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y el Grupo Macri por el Correo Argentino.

La jueza Yañez, y gracias al impulso que viene realizando la querella a cargo de Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes desaparecidos, también tiene acreditado que "los desvíos/anomalías detectadas" en la inspección realizada entre el 7 y el 11 de noviembre de 2016, seguían vigentes, y aun así, el submarino realizó dos patrullas para "control de mar", la del mes de julio y la última.

En ambas operaciones, el ARA San Juan sufrió desperfectos similares mientras navegaba, como el ingreso de agua de mar a través del sistema snorkel y hasta un principio de incendio y cortocircuito en las baterías antes de perder contacto para siempre.

Durante su interpelación en la Comisión Bicameral, tanto Aguad como sus asesores, entre los que se encontraba el vocero de la Armada, el capitán de navío, Enrique Balbi,y el actual Comandante de la Fuerza de Submarinos, Capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso, reconocieron que el buque de guerra zarpó con problemas sin solucionar. Fue durante el duro interrogatorio y repreguntas que realizó el diputado del Frente Renovador Alejandro Grandinetti.

La jueza federal de Caleta Olivia también tiene establecido que, dentro de la Marina, los responsables directo de haber permitido que el ARA San Juan hubiese zarpado a pesar de las irregularidades detectadas por los auditores de la Marina (entre ellos el Contraalmirante e Inspector General de la Armada, Eduardo Alfredo Bacchi) son, según "Reglamento General del Servicio Naval", el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COOA), por entonces a cargo del Contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; y el Comando de la Fuerza de Submarinos, que estaba a cargo del Capitán de Navío Claudio Javier Villamide (COFS).

En su declaración testimonial brindada ante la jueza Yañez el jueves pasado, el ex jefe de la Armada, Almirante Marcelo Srur, no dudó en asegurar que no él, sino que conforme a la reglamentación vigente de la Armada Argentina, las autoridades del COOA -máximo responsable del alistamiento (incluye mantenimiento) y adiestramiento y del COFS- son quienes deciden si un barco o un submarino está en condiciones de salir a navegar.

También esas áreas, y no la jefatura el Estado Mayor General de la Armada, eran quienes dictaban las "Órdenes de Operaciones" y decidían que personal y cuantos embarcaban.

También hacia López Mazzeo y Villamide apuntó el sumario interno de la Marina que ordenó el ministro Aguad siete días después de la desaparición del submarino, y que avaló Srur con su firma y la del auditor Pérez Bacchi.

Por las conclusiones de ese sumario, fueron separados de manera preventiva de sus cargos los dos oficiales con poder de mando sobre el área de submarinos, y que en un mes más, como máximo, debe quedar firme o ser revocado.

En privado, y ante un alto funcionario del ministerio de Defensa, la jueza Yañez ya habría expresado su interés por que el sumario interno quede firme.

De hecho, la funcionaria judicial aún no decidió la fecha en que llamará a declarar a López Mazzeo y Villamide. Espera terminar la ronda de declaraciones testimoniales para resolver si llama a estos marinos como testigos o imputados.

Según ese sumario interno -al que el ministro Aguad calificó de "incompleto" y "parcial", aunque el Auditor General de la Marina lo defendió- tanto López Mazzeo como Villamide "pusieron en riesgo a la tropa" y a la nave, al autorizar la última zarpada del ARA San Juan, a pesar de las advertencias que existían sobre deficiencias técnicas.

Tanto Aguad como sus asesores minimizaron los riesgos que implicaban esas falencias técnicas y remarcaron que el comandante del buque, Pedro Martín Fernández, calificó con 4,25 sobre 5 el estado del submarino.

Sin embargo, el diputando Grandinetti, dentro del recinto y frente a Aguad, y el capitán de Ultramar Marcelo Covelli, y perito de la querella que lleva adelante Tagliapietra, en diálogo con Infobae remarcaron que "esa planilla la confecciona el capitán aproximadamente 2 veces al año y no debe ser confundida con las pruebas de 48 horas que se realizó antes de la zarpada del Puerto de Ushuaia y del cual, según él ministro Aguad, no hay copias porque la única existente estaba en el submarino".

El capitán y perito Covelli también explicó que "esa puntuación -4,25- no es una calificación que le dio el Capitán libre de voluntad, sino que es el resultado de una fórmula cuyos elementos evaluados, su criterio de puntuación, su agrupación por sistemas, su rango de habilitación y sus respectivos coeficientes de ponderación ya están previamente definidos y no pueden ser modificados por el capitán, por lo tanto, esa calificación de 'habilitado' es el resultado de una fórmula hecha por la Armada Argentina y que el Capitán no tiene ningún tipo de injerencia, por lo tanto no debe ser tomado como una calificación de apreciación profesional resultante de la libre aplicación del criterio profesional del capitán".

Es más, Covelli, después de analizar las mismas planillas, denominadas ICEM, que Aguad esgrimió ante los integrantes de la Bicameral, descubrió que "en algunos resultados que figuran en la planilla hay errores por lo cual resulta algo curioso que el Capitán se haya confundido en usar una calculadora o que dichos errores no hayan sido detectados por nadie de la Armada o del Ministerio de Defensa".

Y citó como ejemplo: "El Sistema de Navegación da en realidad 2,94 y figura con un 4, el Sistema de Comunicaciones da en realidad 3,47 y figura con 3,74; el Sistema de Sensores da en realidad 2,55 y figura con 2,88; el Sistema de Control de Buque en realidad da 3,26 y figura con 3,36 y la calificación final da 4,06, figura con 4,25. Algo muy curioso que también da cuenta de la manipulación previa que se puede hacer de los resultados es el criterio que se ha implementado en la agrupación de los elementos por sistemas y la selección de los ítems a ser evaluados".

Siguiendo esa línea de razonamiento, el diputado del Frente Renovador le dijo al ministro que si se observa "la planilla del 4-3-16 (firmado por el capitán Ernesto Blanco) en la cual se calificó a las balsas salvavidas con un '0' (fuera de servicio) notamos que al aplicar la fórmula y criterios predefinidos por la ARA el buque dio habilitado con un 4,03 de 5 lo cual es ridículo porque en quien cabe la idea que el SUSJ estaba en condiciones de navegar sin sus balsas salvavidas; en otro caso, la planilla del 2-11-16 (firmado por el Capitán Yrigoyen) clasificó los salvavidas de escape con 1 'seriamente degradado' y la calificación final del buque fue de 4,29 sobre 5 lo cual también es alarmantemente irrisorio creer que el navegar con los salvavidas de escape inoperativos no sería arriesgar la tropa".

Como toda respuesta, el ministro de Defensa, que ya promediaba las ocho horas dentro del recinto, simplemente dijo: "Yo también tengo dudas". Esa fue una de las frases más repetidas por Oscar Aguad y acto seguido se remitió a la causa judicial que investiga Marta Yañez, y aclarar lo que ya se sabe, que solo ella será la responsable de develar quién o quiénes fueron los responsables de la peor tragedia de la Armada Argentina en tiempos de paz.

(Fuente: Infobae)