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Los procedimientos son encabezados por el juez federal Claudio Bonadio y se desarrollan después de que el Senado los aprobara por unanimidad, ya que Cristina tiene fueros como legisladora y los procedimientos deben ser autorizados por la Cámara alta.
La Justicia sospecha que la exmandataria instrumentó junto a varios exfuncionarios una red de sobornos provenientes de la obra pública y del sector energético. Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, la mencionó en sus anotaciones, donde describió cómo llevaba bolsos llenos de dinero en su auto.
Los allanamientos se realizan sin los condicionamientos que planteó Cristina: que no hubiera cámaras para evitar la difusión de imágenes, que fueran presenciados por sus abogados y un senador elegido por ella, que resguardaran sus objetos personales y que no rompieran las paredes. De esta manera, el juez actuará bajo su propia consideración.
Bonadio no busca encontrar plata en las propiedades, sino que el objetivo pasa por otro lado: verificar si los espacios físicos de los inmuebles coinciden con las descripciones que escuchó en su despacho.
Tras la aprobación del Senado la vicepresidenta Gabriela Michetti -titular de la Cámara alta- explicó a través de las redes sociales que le enviaría la comunicación a Bonadio a primera hora del jueves y así lo hizo, ya que la votación fue pasadas las 20 del miércoles.