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Repercusiones en San Juan sobre la intervención y ley de expropiación de Vicentin

Canal 8 habló con legisladores nacionales y funcionarios luego de que el presidente anunciara que los activos de la agroexportadora pasarán a formar parte de un fondo fiduciario que será gestionado por YPF Agro.

El anuncio del presidente Alberto Fernández respecto a la intervención estatal de la empresa agrícola Vicentin, el nombramiento de Gabriel Delgado como interventor y el envío al Congreso nacional de un proyecto de ley para avanzar con la expropiación de esa compañía, provocó opiniones diversas sobre esta decisión. Canal 8 habló con legisladores nacionales por San Juan y funcionarios para conocer sus puntos de vista.

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“Nos sorprendió que esta empresa que tiene una deuda de casi 100 mil millones de pesos, pudo acceder ante las autoridades del Banco Nación para obtener el préstamos”, dijo el diputado nacional Walberto Allende.

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Por su parte, el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, aseguró que “el sentido es que no se pierda esa empresa sino que se pueda lograr el equilibrio y seguramente que vuelva a manos privadas. Hay que tener en cuenta que Vicentin cotiza en bolsa y es parte del aparato productivo nacional. Hay muchos productores que están involucrados y que si no interviene el estado, como en este caso, no van a cobrar lo que han dado a la empresa”.

En tanto que Gustavo Fernández de la Unión Industrial, dijo: “Desde el sector empresarial, vemos con preocupación la disposición del Gobierno nacional porque está omitiendo que hay un proceso de concurso preventivo de acreedores en manos de la Justicia y además que es facultad del Congreso resolver la expropiación de la propiedad privada. Entendemos que no es un sector que requiera de la intervención del estado y en todo caso el sector agroindustrial, el más competitivo del país, es un sector que requiere promover la inversión y con esta medida lo que hacemos es alejarlas y al mismo tiempo meter al estado que no es la suya. Hay preocupación porque son muchas las empresas que le deben al Banco Nación y a la Afip y el problema aquí es cuál es el límite, quién establece cuándo esa deuda va a motivar que un presidente o un responsable del Poder Ejecutivo resuelva intervenir una empresa por el solo hecho de deberle a un banco estatal o al fisco”.

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