País
Lunes 14 de Mayo de 2018

Procesaron a Cristina y a sus hijos por lavado de dinero

Es en la causa que investiga maniobras con Lázaro Báez a través del alquiler de hoteles. La ex familia presidencial ya está procesada por lavado en la causa Los Sauces.

Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner sumaron un nuevo procesamiento por lavado de dinero, sin prisión preventiva. El juez Julián Ercolini los encontró responsables de actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda, junto a Lázaro Báez, al detenido contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice y Romina Mercado -hija de Alicia Kirchner- y otros 17 imputados, en la causa donde se investigaron las operaciones de Hotesur SA, empresa dueña del hotel Alto Calafate. También estableció embargos por 800 millones de pesos.

La familia Kirchner quedó procesada, una vez más, por lavado de dinero. Su empresa hotelera se encuentra intervenida y en la actualidad la mayoría de los alojamientos turísticos que entre otras cosas celebraron contratos con Aerolíneas Argentinas, se encuentran sin actividad desde que la ex Presidenta dejó la Casa Rosada.


En la causa Hotesur, la hipótesis que se investigó es que los ex Presidentes y sus hijos recibieron dinero "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad", lo que les aseguraba -según señaló el magistrado- poder declarar esos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco "ocultando su verdadero origen" supuestamente ilícito. Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.



Según el juez, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido "en blanco" para poder "justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas".


Para lograr esto, según ya habían planteado los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques durante la investigación, los acusados "recurrieron a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez, por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen" y "múltiples" negocios con las empresas del Grupo Austral".



El circuito planteado, y por el cual se procesó por segunda vez a Cristina Kirchner y a sus hijos por lavado de dinero, inicia en la fortuna amasada por Báez (en 2003, antes de constituir Austral Construcciones tenía un patrimonio de 800 mil pesos, y en la actualidad supera los 3.058 millones), y que habría sido usada por la ex familia presidencial "para la adquisición hoteles", y también para hacer mejoras en los mismos. Después, le entregaron la administración y explotación nuevamente a Báez.


Hubo más de quince compra-ventas de terrenos y propiedades entre el empresario K y los ex Presidentes, cuyo flujo de dinero permitió la compra de los hoteles desde 2008: el Alto Calafate costó 4.900.000 de dólares, y Las Dunas (que era de Báez) 700.000 dólares. Hasta 2013, la administración de ambos complejos hoteleros estuvo a cargo del dueño del Grupo Austral. Después los reemplazó el ex socio de Máximo Kirchner Osvaldo Sanfelice, hasta que fue desplazado por la intervención judicial.



Mientras el amigo y entonces socio de los Kirchner era el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz (un total de 52 contratos por 46.000 millones de pesos), paralelamente garantizaba "a los ex Presidentes y a sus hijos ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimiento hoteleros", consignó el juez. Todo permitió a los ex Presidentes "aumentar notablemente su patrimonio".



Para la "maniobra económica diseñada desde el negocio hotelero", como planteó el juez Ercolini, fue indispensable la firma Valle Mitre SRL propiedad de Lázaro Báez, creada meses después de que los Kirchner adquirieron los hoteles y fue utilizada en el esquema de blanqueo "para recibir ese dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería, y permitir así que la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen".



La empresa que gerenció los hoteles se solventó con dinero de otras sociedades del holding (Kank y Costilla, Austral, Loscalzo y Del Curto, Don Francisco SA, La Estación, Alucom Austral y Badial), algunas acusadas de haber formado parte del conglomerado económico que defraudó al Estado nacional en la corrupción de la obra pública, causa donde Cristina Kirchner y Lázaro Báez están procesados por asociación ilícita.



Entre 2009 y julio de 2013, Báez garantizó a los Kirchner 27.592.110 pesos por alquileres a Hotesur SA. El contrato de alquiler del Alto Calafate fue en dólares, e incluía un canon mensual de 40 mil dólares por la explotación comercial.



El paso siguiente fue que el propio Báez alquilara cuartos de esos hoteles. Por ejemplo, el 54 % de los ingresos de Alto Calafate provinieron del Grupo Austral. Lázaro contrató habitaciones de los tres hoteles de los Kirchner, justificando que era para personal de sus constructoras que hacían obras públicas cerca de El Calafate. Sin embargo, una pericia confirmó que los obreros trabajaban a más de 340 kilómetros de allí. También se firmaron contratos de consultoría. "Tras hacer frente a los costos propios de la actividad hotelera, remitía tales fondos mensualmente a los ex Presidentes y luego a sus hijos en concepto de canon locativo por esos inmuebles", sintetizó Ercolini. (Fuente: Clarín).


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