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Macri convocó a las empresas incluidas en la lista de precios esenciales

El Gobierno convocó para el lunes a Casa Rosada a representantes de las 16 empresas productoras que integran los 60 bienes incluidos en la lista de Precios Esenciales.

El Gobierno convocó para el lunes a Casa Rosada a representantes de las 16 empresas productoras que integran los 60 bienes incluidos en la lista de Precios Esenciales, encuentro que será encabezado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Producción y Empleo, Dante Sica.

Así lo manifestaron fuentes oficiales, que adelantaron que en el marco del encuentro, entre otros temas, se va a discutir cómo se va reglamentar la ley de Lealtad Comercial. Por su parte y en esa misma línea, el presidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), Daniel Funes de Rioja, señaló que hay que sentarse a negociar con el gobierno una reglamentación adecuada de la ley de Lealtad Comercial porque hemos hecho algunas observaciones". "Todavía no tengo el análisis de esas observaciones por parte de nuestros técnicos, pero a COPAL le han ofrecido sentarse a negociar, pero no nos han convocado", señaló Funes de Rioja.

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El directivo confirmó también que el programa de "Precios Esenciales" anunciado el miércoles, es complementario con el sistema de Precios Cuidados que se encuentra aún vigente y que vence del próximo 6 de mayo.

Según adelantaron desde el mismo lunes 22 los productos deberán estar expuestos para los consumidores, mientras que se estableció un plazo hasta el lunes 29 para que dichos productos estén en comercios debidamente señalizados. "El programa de Precios Cuidados seguirá y se seguirá discutiendo compañía por compañía", expresó.

Precios Cuidados triplicó en los últimos cinco años el listado y los rubros de productos incluidos, a la vez que multiplicó la cantidad y cobertura geográfica de los comercios adheridos, en sus sucesivas extensiones. La Secretaría de Comercio registra en la actualidad más de 560 productos incluidos, frente a los 184 con que nació el mecanismo de acuerdo voluntario entre autoridades, productores y comerciantes.

Los convenios de mantenimiento de precios de venta al consumidor, que firman los funcionarios y las empresas, prevén "una revisión periódica que tome en cuenta la evolución de las condiciones de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos". Tal revisión se justifica en los acuerdos que se firman tras cada ronda de análisis del programa, "a fin de establecer un equilibrio que, por un lado, asegure una rentabilidad razonable a las empresas y, al mismo tiempo, permita sostener el poder adquisitivo de la población y el acceso de todos los sectores a dichos productos".

El seguimiento permanente del programa de Precios Cuidados permitió una cobertura cada vez más amplia, como la que resolvió el 7 de marzo último la resolución 51/2019 de la Secretaria de Comercio, firmada por el secretario Ignacio Werner, que consideró al programa como "una herramienta valiosa para garantizar el precio de referencia de ciertos productos de consumo masivo".

Mediante esa medida se extendió el alcance del mecanismo a los autoservicios de cercanía, a la vez que se diferenciaron, en el convenio específico para los supermercados mayoristas, los precios para consumidores finales de aquellos cobrados a los comerciantes.

El documento otorga a la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Ignacio Werner "mayores facultades para sancionar conductas desleales o anticompetitivas, con el objetivo de proteger a consumidores, pequeños comercios y pymes.

El decreto reglamentario recibió críticas del presidente de la UIA, Miguel Acevedo, quien advirtió que a la norma "le falta el diálogo con el sector privado, esto no se ha hecho". Criticó, además, que la medida incluya contraposiciones con otras normas, y está regulando las relaciones comerciales entre privados sin posición dominante. "Eso es meterse en el comercio entre privados; es de lo que menos me gusta", dijo Acevedo.

El sector empresarial también mostró preocupación porque las multas previstas son "altísimas" -llegan hasta los $ 10 millones- y "con gran poder de discreción, el producido de las multas entran al presupuesto del órgano administrativo que las aplica, por lo que los incentivos y el poder puestos en la administración son muy preocupantes".