País
Viernes 10 de Noviembre de 2017

Los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias trabajan para combatir el narcomenudeo

En el marco de las jornadas de Narcocriminalidad en Córdoba, los organismos pidieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que convoque a una mesa de diálogo con autoridades de los poderes judiciales y ejecutivos de todo el país. El reciente electo senador nacional y diputado provincial, Rubén Uñac, está trabajando en el proyecto de Ley para adherir a la desfederalización.

En el marco de las jornadas sobre narcocriminalidad desarrolladas en Córdoba, propiciaron una Declaración los Consejos Federales de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales y de Política Criminal de la República Argentina. En la petición, expusieron que es indispensable pronunciarse, una vez más, sobre el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial respecto de los delitos relacionados a las drogas en la República Argentina.


Por este tema, el reciente electo senador nacional y diputado provincial, Rubén Uñac, junto al Gobierno y la Justicia de San Juan, está trabajando en el proyecto de Ley para adherir a la desfederalización del narcomenudeo. De lograrse la aprobación, este tipo de causas ingresaría a la órbita provincial con el objeto de combatir el consumo y la distribución en las zonas conflictivas.



En el pedido, los organismos destacaron que como política de Estado en todo el país, se aproveche la fortaleza de los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo, con un régimen procesal moderno, ágil y eficaz. Los mismos ostentan una especial capacidad para abordar las actividades periciales en las causas relativas a la narcocriminalidad por medio de una red de laboratorios forenses distribuidos en todo el territorio nacional.

Uno de los argumentos es que el marco legal actualmente vigente en materia de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico constituye una base que ha permitido la participación de las provincias poniendo límite al fenómeno del narcomenudeo que de otro modo queda en situación de impunidad. Sin embargo, la ley que regula la materia debe ser objeto de revisión para posibilitar una actuación conjunta de las organizaciones federales y provinciales más adecuada. Esta afirmación se formula en el convencimiento de que es posible que ambos órdenes ejecuten actividades coordinadas y efectivas, como ocurre en experiencias de otros países como Estados Unido, donde se han adoptado modelos de intervención convergente más flexibles que el vigente en nuestro ámbito.

Es por esto que, solicitaron alMinisterio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que convoque, con la urgencia que la cuestión demanda, a una mesa de diálogo en la que participen autoridades de la justicia y de los Poderes Ejecutivos de las Provincias y de Ciudad autónoma, con el objeto de definir el aporte económico que la ley 26052 de manera expresa establece que debe asignarse a las provincias adheridas al denominado sistema de desfederalización.

Entienden que este último es el factor crucial que al día de la fecha viene impidiendo la generalización de una política de persecución integral contra la narcocriminalidad con participación de todos los órdenes judiciales que, como quedara dicho, es la única que logrará poner límites a un problema cuya solución la sociedad demanda que se aborde con decisión y con respuestas contundentes.

Narcomenudeo, un mal de Argentina

El narcomenudeo ha ganado escenario en el país y se ha convertido en un delito de "fácil acceso" y de gran demanda en barrios vulnerables. Las cadenas narco operan para satisfacer estas demandas inmediatas y se manejan cada vez con mayor efectividad. Esta apreciación se refleja en los números que dejaron trascender, a nivel nacional.

Según el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Publica, Argentina encabeza la lista de los países con más disponibilidad de drogas. En los últimos datos registrados, sólo el 2% de los detenidos por droga fueron procesados u obtienen condena. También, se supo que 7 de cada 10 detenidos son consumidores; el resto, comercializa.

En cuanto a los reos que ocupan las cárceles federales del país, un tercio del total comprenden a los presos por narcomenudeo. En San Juan, los detenidos por narcomenudeo son trasladados al Servicio Penitenciario – a la espera de una resolución de los jueces federales – con la esperanza de una respuesta sobre su situación procesal que, por lo general, demora en llegar.

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