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Lázaro Báez pidió su excarcelación

La presentación fue ante el Tribunal Oral Federal 4, aludiendo que ya se excedieron los plazos máximos para una detención sin condena firme.

Los detenidos Lázaro Báez y su ex contador Daniel Pérez Gadin pidieron la excarcelación al tribunal que los juzga por lavado de activos al sostener que se excedieron los plazos máximos para una detención sin condena firme, y que no hay riesgos procesales en caso de recuperar la libertad.

Los planteos fueron hechos por sus defensas ante el Tribunal Oral Federal 4 apenas iniciada una nueva audiencia del juicio oral en su contra por multimillonarias maniobras de lavado de activos provenientes, según la acusación, de ilícitos con la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

Baéz fue detenido el 4 de abril de 2016 por orden del juez del caso Sebastián Casanello, y desde entonces permanece en la cárcel de Ezeiza procesado con prisión preventiva en esta causa.

En abril último, su defensa ya había intentado excarcelarlo en un pedido al Tribunal que por entonces preparaba el debate oral y que fue rechazado por entender que su liberación podría devenir en riesgos procesales.

Ahora su defensa insistió al entender que estos riesgos ya no existen y que, en todo caso, se le podría conceder la prisión domiciliaria.

En los mismos términos se sumó al pedido la defensa del ex contador Pérez Gadin, quien fue preso el mismo día que su entonces jefe.

Los planteos serán tramitados por el Tribunal, que deberá pedir opinión al fiscal de juicio Abel Córdoba, antes de resolver.

Tras escuchar estos planteos, se inició la declaración indagatoria de Carlos Molinari, empresario y ex jefe del arrepentido Leonardo Fariña.

"Jamás tuve una obra durante el gobierno del señor Néstor Kirchner o de la señora Cristina Fernández de Kirchner, más allá de haber sido mencionado en medios como empresario kirchnerista", dijo al negar todos los cargos en su contra.

Molinari recordó que luego de la crisis de 2001 fue convocado a una reunión en la casa del empresario Aldo Roggio, con otros empresarios, "para diagramar un plan de viviendas para el gobierno que ingresaba en ese momento, de Néstor Kirchner", y que él se negó a participar, tras ir a otro encuentro en el estudio de un abogado de la Cámara de la Construcción.

El empresario está procesado y acusado de participar en maniobras de lavado de activos, en particular por su vínculo con Fariña, sobre quien dijo que lo veía casi como un hijo, que lo conoció en el 2010 por un emprendimiento vinculado al alquiler de autos de lujo y que "nunca fue mala persona", sino que pudo equivocarse por "falta de experiencia".

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