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La jueza Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra YPF
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La jueza Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra YPF

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, firmó una resolución que deja sin efecto formalmente la condena de US$16.000 millones que había dictado en 2023 contra el Estado argentino y cierra el expediente en primera instancia

La Argentina consiguió un nuevo avance judicial en el juicio por la expropiación de YPF. La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, firmó una resolución que deja sin efecto formalmente la condena de US$16.000 millones que había dictado en 2023 contra el Estado argentino y cierra el expediente en primera instancia. La decisión representa un nuevo paso favorable para el Gobierno de Javier Milei, aunque todavía no significa el final definitivo del litigio.

La magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que en marzo de 2026 revocó la sentencia original al considerar que Preska había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino. El tribunal entendió que el reclamo de los accionistas minoritarios no podía prosperar bajo los argumentos jurídicos utilizados en primera instancia.

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El nuevo trámite incorpora esa decisión al expediente original y formaliza el cierre de la intervención de Preska. Los demandantes habían intentado demorar ese paso hasta que se resolviera su pedido de revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero la jueza avanzó con la clausura de la instancia.

Ahora, el futuro del caso depende del máximo tribunal estadounidense, que deberá decidir si acepta el recurso presentado por Burford Capital, el fondo que financia el litigio y representa los intereses de las empresas Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park.

La disputa comenzó después de que el gobierno de Cristina Kirchner expropiara en 2012 el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol. Los demandantes sostuvieron que el Estado debía haber realizado una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios.

En 2023, Preska les había dado la razón y condenado al país a pagar US$16.000 millones, una cifra que con intereses superaba los US$18.000 millones. Los tenedores de acciones, especialmente los Eskenazi, dieron su capacidad de litigar al fondo buitre Burford, que inicialmente logró ese fallo favorable multimillonario en dólares. Pero luego un revés en la Cámara de apelaciones y ahora, la jueza originaria, la Dra. Preska, decidió que la causa debe cerrarse.

Aunque la resolución reduce el riesgo de una obligación multimillonaria para las cuentas públicas, la Argentina todavía deberá defenderse ante una eventual intervención de la Corte Suprema y frente a otras vías judiciales que los demandantes mantienen abiertas.

FUENTE: A24

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