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Fernández elabora un decreto con medidas más restrictivas para todo el país

El Presidente desconfía de la carga oficial de muertos y contagiados en las provincias y diseña una exhaustiva estrategia sanitaria.

Hay malestar en la Casa Rosada con la carga de datos en las provincias. Algunos distritos -según analizan algunos funcionarios nacionales- optan por retacear la información de contagios y muertos, por la decisión política de mirar las encuestas de opinión pública en lugar de limitar la circulación como estrategia sanitaria destinada a evitar que la segunda ola del COVID-19 multiplique la tragedia en la Argentina.

Más allá de esta conclusión, el presidente Alberto Fernández ultima los detalles de un Decreto con medidas muy restrictivas en todo el país, que establecería dos indicadores de riesgo epidemiológico de una determinada jurisdicción. Y esos indicadores, que deben tomarse en conjunto, son los siguientes:

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1) La Razón: Es el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados en los 14 días previos. Si el resultado de esa división supera el valor de 1,2, el riesgo epidemiológico es alto

2) Incidencia: es el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes. Si ese valor da por encima de 150 casos por cada 100 mil habitantes, el riesgo epidemiológico es alto.

Hasta ahora, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente fija que los dos indicadores -Razón e Incidencia- tienen que darse juntos. En este contexto, la Casa Rosada asegura que los gobernadores retrasaban la carga y así podían alegar que no estaban en “alto riesgo epidemiológico sanitario”.

“Los gobernadores son increíbles, todos. Les preocupa su imagen política, en lugar de prevenir los contagios y los muertos. Ponen cualquier cosa en los sitios oficiales para quedar afuera de la emergencia sanitaria y epidemiológica. Me tienen harto”, comentó el Presidente en Olivos.

A partir del sábado, si no hay un abrupto cambio de criterio técnico, Alberto Fernández y su Gabinete firmarán un DNU que establecerá que la Razón y la incidencia serán indicadores que actuarán por separado al momento de establecer si determinada jurisdicción está en “alto riesgo epidemiológico sanitario”.

Si antes se necesitaban dos factores para limitar la circulación, a partir del nuevo DNU con un sólo factor las provincias estarían obligadas a declarar que determinada jurisdicción tiene “un alto riesgo epidemiológico”.

Entonces, al funcionar la Razón y la Incidencia por separado, a los gobernadores no le quedará otra alternativa que cerrar aún más la circulación frente a la cantidad de contagios y muertes que causa la segunda ola en sus provincias.

“Es la única manera de terminar con el disparate de mantener la circulación para evitar las malas encuestas. Los gobernadores no tendrán otra alternativa que cerrar, porque ya no podrán alegar que la Razón o la Incidencia están por debajo de los parámetros. Con una de las dos, ya cumplen en el alto riesgo. Y se tienen que hacer cargo”, aseguró el Presidente en Olivos.

La redacción del nuevo DNU que Alberto Fernández encargó a Vilma Ibarra, tiene dos aspectos en blanco que la secretaria Legal y Técnica aún no puede completar. Es que el jefe de Estado todavía no decidió si los cierres de fin de semana van a incluir algún feriado que no es puente -por ejemplo, el 25 de mayo- y qué hará si Horacio Rodríguez Larreta continúa con las clases presenciales para jardín de infantes y la primaria en la Ciudad de Buenos Aires.

“Horacio (por Rodríguez Larreta) hace política con la pandemia. Ya le demostré que la segunda ola venía muy complicada y que había que cerrar las clases presenciales. Pero aún insiste y los contagios y las muertes se acumulan. No sé hasta adonde quiere llegar. Yo sé que la situación es intolerable y voy a reaccionar”, adelantó el Presidente.

A las 11, a través de una video conferencia, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Rodríguez Larreta se verán las caras. El presidente también invitó a otros mandatarios, pero la clave será si la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad se fijan una política en común.